El fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz ha pedido hoy una condena de dos años y nueve meses de prisión para María José Campanario por su presunta implicación en la trama de la Operación Karlos para intentar obtener de forma fraudulenta una pensión por incapacidad laboral para su madre Remedios Torres.

El fiscal, que en sus conclusiones provisionales pedía cuatro años y medio de prisión para la esposa del torero Jesulín de Ubrique, ha reducido así parcialmente la petición de condena que realizaba para ella en su escrito de conclusiones provisionales.

En un avance de las conclusiones definitivas que el fiscal leerá mañana en el juicio, el ministerio público solicita una condena de dos años y nueve meses para la madre de Campanario, Remedios Torres, para la que también pedía en un principio cuatro años y medio.

Acusa a las dos de delitos de estafa y falsedad en documento público y para ambas retira la calificación delictiva de usurpación de identidad, que, según el fiscal, se produjo cuando una mujer, la madre de la novia del supuesto cabecilla de la red, fue a hacerse una prueba médica haciéndose pasar por Remedios Torres.

Asimismo, el fiscal pide cuatro años de cárcel para el exjefe de la Policía Municipal de Ubrique, Carlos Carretero, supuesto cabecilla de la red, y nueve años para el inspector médico Francisco Casto, quien, según las acusaciones, lograba agilizar los trámites para obtener fraudulentamente las pensiones de incapacidad manipulando informes médicos.

El fiscal ha solicitado penas de un máximo de dos años de prisión para quince de los 25 acusados de esta trama que, al inicio del juicio, alcanzaron un acuerdo con el ministerio público para reconocer su implicación en la trama a cambio de conseguir penas menores que, si se plasman en una sentencia, no implicarían su ingreso en prisión.

Entre los acusados que han alcanzado este acuerdo está Carlos Carretero, para quien el fiscal ha solicitado una pena de cuatro años de cárcel, seis menos de los que pedía en un principio.

María José Campanario y Remedios Torres rechazaron ese acuerdo y han mantenido su inocencia durante el juicio, en el que han apuntado que fueron engañadas por la trama que dirigía Carlos Carretero.

Tampoco llegó a ese acuerdo el inspector médico Francisco Casto, para quien el fiscal en sus conclusiones definitivas pide nueve años de cárcel, uno menos de los que pedía en un principio.

Tanto su abogado, Felipe Meléndez, como el de Campanario y Remedios Torres, Francisco Baena Bocanegra, han adelantado hoy en la vista oral que seguirán reclamando la nulidad de las conversaciones telefónicas intervenidas a los acusados durante las investigaciones de la trama, un hecho que ya plantearon en la instrucción y al comienzo del juicio y que ha sido rechazado varias veces por el tribunal, que las ha aceptado como prueba.

Felipe Meléndez ha denunciado también los acuerdos alcanzados entre el fiscal y dieciséis acusados que han aceptado con «promesas de penas menores» hacer «una declaración inculpatoria» que, en su opinión, ha dañado las posibilidades de defensa de los imputados que no han pactado con el fiscal, ya que en sus declaraciones han relatado «hechos nuevos» negándose al tiempo a contestar a las preguntas de los abogados defensores.

El juicio por la Operación Karlos, que se inició el pasado 11 de abril, ha entrado hoy en su recta final, una vez que, terminados los interrogatorios de los acusados, testigos y peritos, las partes han avanzado lo que serán sus conclusiones finales.

El fiscal y los distintos abogados comenzarán mañana a leer sus informes definitivos sobre los hechos, dentro de un juicio que tiene previsto concluir el próximo viernes.