La juez de Ubrique ha terminado la instrucción de la Operación Pinsapar y mantiene como imputada a la alcaldesa de Grazalema, María José Lara, del PSOE. El auto de Procedimiento Abreviado que la juez envía al fiscal y a la acusación popular, ejercida por Ecologistas en Acción, señala como imputadas a otras nueve personas, entre ellas al exalcalde grazalemeño, también socialista, Antonio Mateos y a dos ediles: la teniente de alcalde Francisca Calle Chacón y la concejal de Urbanismo Ana María Ramírez.

Esos cuatro representantes políticos aparecen involucrados en un asunto en el que la juez ve indicios de varios delitos: cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y contra la ordenación del territorio. El auto, contra el que cabe recurso, supone el cierre del trámite de investigación judicial del caso del río Guadalete, que fue abierto en 2006 a raíz de una denuncia sobre el desvío del río a su paso por Grazalema.

El asunto del río destapó una serie de posibles irregularidades relacionadas con la construcción de unas viviendas junto al Guadalete. Y provocó una reunión en el Ayuntamiento de Grazalema, mencionada en el auto judicial, en la que tres constructores, Cristóbal David Barrera, José Antonio Martínez y Antonio del Canto Bohórquez denunciaron ante la alcaldesa, María José Lara, que el arquitecto técnico municipal, Juan Prieto Domínguez, cobraba comisiones "por la realización de obras irregulares".

Los tres constructores y el aparejador forman parte del grupo de imputados. La relación la completan Raúl Gascón Aparicio, administrador de la empresa Inmocentral, que realizó las obras de desviación del río Guadalete, y Rafael Torres Sánchez, socio de Gascón.

El auto judicial explica que hay indicios de que Juan Prieto cobraba comisiones a constructores y a otros profesionales de la construcción "por la concesión para la realización de obras". Así, señala la juez, Prieto cobró comisiones a Cristóbal David Barrera por importe de 36.000 euros por habérsele adjudicado a la promotora de éste la ejecución de viviendas en la plaza de la Asamblea de Grazalema. Como pago de esa comisión, agrega el auto, Cristóbal David llevó a cabo, de forma gratuita, obras en la finca de Juan Prieto denominada Vista Alegre.

También hay indicios de que Prieto, según señala la juez, pretendía cobrar una comisión de unos 24.000 euros por la adjudicación de la segunda fase de la promoción de la plaza de la Asamblea. Asimismo, los hay de que Prieto cobraba comisiones por proyectos de obras referentes a Grazalema que se realizaban en su estudio privado y que "no respondían a la realización de obra alguna".

La juez también considera acreditada indiciariamente la participación de Juan Prieto en la denominada obra del río, que realizaba la empresa Inmocentral sin las preceptivas licencias para ello y que provocó el desvío del cauce natural del río Guadalete en Grazalema.

El auto explica que Raúl Gascón y Rafael Torres, responsables de la empresa Inmocentral, conocían las irregularidades que existían en la ejecución de la obra del río Guadalete.

La juez indica que en el momento de la concesión de la primera fase de las obras de la plaza de la Asamblea era alcalde de Grazalema Antonio Mateos. Y que cuando fueron denunciados los hechos era alcaldesa del municipio María José Lara.