El feminismo abolicionista explica sus motivos en una cita en Jerez

El año pasado, Jerez se adhirió a la red de municipios libres de trata; una medida que se unía a la aprobación, unos años antes, de la proposición contra la explotación reproductiva. Hoy, la ciudad acoge el I Foro Abolicionista Ciudad de Jerez: un encuentro al que está previsto que asista la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, que nace con vocación anual y que reúne a distintas agrupaciones feministas de carácter nacional.

Entre los grupos que se darán cita en la jornada –organizada por la asociación AFRA–, se encuentra la Plataforma por la Abolición de la Prostitución (PAP). Promotora de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), la institución subraya que el abolicionismo no es punitivista con las mujeres: “Al contrario –asegura su coordinadora, Charo Gálvez–, nuestro articulado lo que propone es un plan integral, como la LIVG”.

“En el 25 N -continúa–, no sólo hablamos de asesinatos, sino de todo tipo de violencia. En este sentido, lo más difícil de entender es que la prostitución es una forma extrema de violencia sexual. La carga de responsabilidad administrativa y penal va contra proxenetas y demandantes”.

De hecho, afirma Charo Gálvez, la propuesta abolicionista es una propuesta social, encaminada a todas las mujeres, “porque todas las mujeres pueden ser potencialmente mercancía, aunque una niña de diez años no pueda entender que pueda ser material prostituible y que alguien la podría comprar”.

“De lo que realmente estamos hablando es de un cambio social –continúa–, igual que ha cambiado el hacer chascarrillos con lo de que a tu mujer le gusta que le peguen. Pues lo mismo con exhibir o asumir el cuerpo de las mujeres como mercancía”.

EL MITO DE LA LIBRE ELECCIÓN

La respuesta de quienes defienden el regulacionismo de la prostitución está en la voluntad. Charo Gálvez (y Ana de Miguel) hablan del mito de la libre elección: “Sabemos que había esclavos que preferían seguir siendo esclavos, pero eso no significa que no fuera algo dañino –indica–. Habría que saber de la libertad de quién estamos hablando, porque la mayor parte de mujeres en situación de prostitución son inmigrantes o viven en la pobreza. Aquí hay muchas mujeres africanas, por ejemplo, pero en Suiza, el 40% son españolas. Y la trata –subraya– viene precedida de la prostitución”.

Parte fundamental del trabajo de la PAP, de hecho, viene de la Asociación Supervivientes en Acción, y por eso también se incide en el derecho de estas mujeres a ser restituidas: “La propuesta de ley tiene que incluir una reinserción laboral, facilitar el tema de la renta mínima, desarrollar sistemas de formación y empleo... Toda una batería de medidas para que puedan sobrevivir y salir de esa situación”, aclara Gálvez.

“Se necesitaría un trabajo de coordinación entre poderes públicos, derechos de las mujeres y prevención –prosigue–. Cambiar desde el CP, hasta la Ley de Justicia Gratuita, temas de jurisdicción en contencioso-administrativo o la Ley de Seguridad Ciudadana, que puede terminar multando de forma subsidiaria a las mujeres”.

La LOASP se ha presentado a distintos grupos parlamentarios aunque Charo Gálvez reconoce que es un articulado difícil para muchos: “Lo mismo en algún momento se da alguna modificación del Código Penal, porque eso no cuesta dinero, pero invertir en derechos de las mujeres ya cuesta más trabajo”.