Juan carlos campo. magistrado de la audiencia provincial de cádiz

"Nunca ha existido una Justicia ágil, jamás"

  • Reclama la refundación de un sistema que considera agotado y en el que el ciudadano debe situarse en el centro La falta de consenso en las últimas reformas le preocupan

-Después de pasar por diferentes cargos, tanto en la carrera judicial como en la administración, ¿cómo se siente volviendo a ser magistrado de la Audiencia de Cádiz?

-Perfectamente. La verdad es que siempre me he sentido juez y aunque haya estado prestando otros menesteres siempre han sido desde mi preparación en el mundo de la Justicia, que es lo que me apasiona. Unas veces administrándola, otras explicándola en las facultades donde he estado años dando clases, pero siempre en el mundo del Derecho.

-¿Nota en la práctica diaria un cambio tras las políticas de modernización que impulsó desde la Secretaría de Estado de Justicia?

-Sí, ahí hay un paquete tecnológico, normativo y organizativo que evidentemente está. Leyes que están en vigor como la del expediente electrónico, el registro civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial... todas las leyes que se sacaron, que no fueron pocas, lo fueron con un consenso enorme y son las leyes que consulto. Dos de los tres años en los que tuve responsabilidades contamos con los dos mejores presupuestos de la historia en materia de Justicia y eso se tradujo en unas aportaciones en infraestructura tecnológica como nunca había conocido España. Las aportaciones más claras se pueden ver en lo que se conoce como territorio Ministerio porque las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia llevan otro ritmo, ya sea más acelerado o menos. En la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional no existe el papel gracias al expediente electrónico. Eso es una realidad, que está ahí y de la que se beneficia el ciudadano, que es el único objetivo que puede haber cuando hablamos de modernización de la Justicia.

-¿Y lo nota el ciudadano?

-Si dejamos de pensar en el ciudadano habremos perdido el norte. Si no convertimos al ciudadano en el centro por y para el cual hay que reformar la administración no vale la pena. Es más, creo que por mucho que oigamos o digamos, nunca ha existido una Justicia ágil, jamás. Ahora es el momento, y pensamos que en la legislatura pasada se dio un paso enorme en esta materia, de fundarla, de definirla. Esa justicia pronta de la que hablaba la Constitución del Doce nunca se ha conseguido. Nuestra justicia sigue adoleciendo hoy de un retraso enorme. Creo que contamos con una gran tutela judicial, nadie puede dudar de la preparación de nuestra carrera judicial, pero hablamos de tutela judicial efectiva, y en esa efectividad es donde están las mermas: dilaciones demasiado grandes, procesos que no terminan, instrucciones que se eternizan... es donde tenemos que incidir para que el ciudadano pueda ver que su problema se resuelve. No nos engañemos, cuando alguien acude a la Justicia es porque todo lo demás no ha funcionado.

-¿Qué quedó por hacer en ese proceso de modernización?

-Muchísimo. Pretender que la reforma de la Justicia puede hacerse en tres años es una quimera utópica y yo diría que parvularia. Nosotros marcamos el plan estratégico de modernización con el único objetivo real que podíamos hacerlo, 2009-2012. A partir de ahí entró un nuevo Gobierno que marca sus propiedades desde la legitimidad. A mi me da pena que se hayan abandonado muchos de esos proyectos de modernización que contaron con el consenso de todo el arco parlamentario, incluso aquellos que gobiernan. Queda por vertebrar la Justicia de un modo integral. Un informe que encargó el Consejo de Ministros marcaba los pilares básicos sobre los que se debía asentar una nueva justicia: superación del partido judicial, la instrucción en el fiscal, los juzgados de instancia, que no tienen sentido su configuración actual. Tenemos que economizar y dotar de eficacia ese sistema como el nuevo concepto de oficina judicial: organización con servicios comunes muy potentes donde desarrollan tareas para todos y cada uno de los jueces. El Poder Judicial es único en todo el territorio nacional y eso permitió la transferencia en materia de Justicia basado en los recursos humanos y medios materiales, que no van investidos del concepto de Poder Judicial.

-¿Y esa oficina judicial es posible en Cádiz con la dispersión de sedes judiciales?

-Lo complica muchísimo. Donde la hemos instaurado es en aquellos sitios donde estrenábamos Ciudad de la Justicia. La administración de Justicia siempre va a remolque de lo que ya se conoce: la administración electrónica la tenemos desde 2007 pero hemos tenido que hacer una ley por las peculiaridades de Justicia que se aprobó en 2011, las oficinas de respuesta unificada, las ventanillas únicas...

-Si la Administración de Justicia tuviera un mayor presupuesto, ¿sería más eficaz usarlo en infraestructuras, en crear nuevos juzgados...?

-El concepto de creación de nuevos juzgados yo creo que habría que revisarlo. El modelo de Justicia que contamos hoy, con el paréntesis del Plan de Modernización, es un modelo agotado. Esa vieja fórmula de como están asfixiados los juzgados creamos otro, que esa ha sido la normalidad desde la ley del 88, se ha visto que es claramente infructuosa. El sistema fagocita y a los dos años ya están otra vez atascados. Nunca se ha solventado ese problema y eso indica que el modelo está agotado. Por tanto, que hacen falta más jueces, más funcionarios, más presupuesto, por supuesto, pero sobre todo hace falta una nueva manera de organizarlo. Si no contamos con una nueva organización, todos los esfuerzos presupuestarios serán baldíos. La prioridad está en tener la sensibilidad necesaria para poner en marcha las reformas normativas.

-¿Y ese proceso está paralizado en la legislatura actual?

-No quiero ser pesimista, pero creo que ha habido una enorme paralización. Creo que se ha abandonado el consenso en materia de Justicia, que es necesario. Debe trascender más allá del Gobierno de un color u otro. Acaba de entrar en vigor una Ley Orgánica de Poder Judicial que renueva un órgano constitucional y se ha hecho deprisa y sin contar con la voluntad de nadie. La falta de diálogo y consenso en la articulación de las nuevas normas es el dato más preocupante, más que la propia parálisis. Hay más, como la salida de 1.200 jueces sustitutos que estaban realizando una labor encomiable. Conceptos tan complejos como las tasas judiciales, que reducirán la litigiosidad, pero ¿lleva esto a la felicidad de los pueblos cuando un ciudadano tenga que pagar para recurrir una multa de tráfico tres veces más que la cuantía de la multa? Esto está produciendo una reacción en todos los sectores, una unidad desconocida.

-¿Las tasas judiciales son el mayor obstáculo entre el ciudadano y la Justicia?

-El derecho fundamental de la tutela judicial efectiva parte del hecho de que yo puedo acceder a los tribunales. Cuando el Constitucional dijo en una sentencia que la tasa no afectaba al debido proceso, lo dijo para aquellas empresas con un enorme volumen de facturación. No estaba hablando del ciudadano individual que quiere recurrir y que tiene derecho. Es una limitación muy importante. La litigiosidad ha bajado debido a que el ciudadano deja de reclamar porque tiene que pagar más por la tasa de lo que estaba reclamando. Se ha perdido al ciudadano como punto de referencia. Tienen un efecto recaudatorio y suponen un freno al acceso a la justicia.

-¿Y es temporal?

-En la justicia la temporalidad existe muy poco. Recuerdo que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 se dictó con carácter provisional y duró hasta 1985.

-La reforma del CGPJ, ¿ha dejado al órgano descafeinado?

-Sí, pero sobre todo ha supuesto la renovación normativa de un órgano constitucional sin el diálogo y el consenso mínimo. La reprobación es completa. Tres de las cuatro asociaciones judiciales han decidido no participar en el proceso de renovación. Eso es una cuestión muy grave y peligrosa, como la situación que se da con el doble vocal: el vocal a tiempo completo que forma parte de la permanente y el resto va a seguir en sus órganos. Va a requerir de un detallado proceso de reglamentación porque si no puede llevar a la parálisis de un órgano que debe garantizar la independencia del poder judicial. Habrá un deterioro en la justicia de calidad que reclama el ciudadano. Este consejo abre unas incógnitas que creo que se va a parecer muy poco a lo que hemos conocido hasta ahora, cambia las mayorías y por tanto la conformación de acuerdo se relativiza. Se ven nubarrones.

-Cuando llegó a la Secretaría de Estado tuvo que lidiar con una huelga de jueces, ¿participó en la última?

-No, no he participado en ninguna. Sé que es un debate jurídico, pero tengo el convencimiento de que no es el instrumento al que los jueces debemos acudir. No quiero entrar en el debate si tenemos derecho o no a la huelga, pero lo que sí tengo claro es que una huelga de jueces no es una huelga al uso. No hay libertad sindical, que ya es un obstáculo, ha nadie se le retraído el día de salario en las que ha habido, por lo que tiene características peculiares. Creo que es más importante detenerse en qué hartazgo se ha dado en la carrera judicial para provocar una reacción absolutamente novedosa y de la que nunca se había hecho uso. La situación reclamaba medidas excepcionales, insisto, no es esa la que yo propiciaría y no he participado en ninguna, pero creo que lo significativo es eso. Cuando nosotros llegamos al Ministerio logramos una paz social porque nos sentamos a negociar mañana, tarde y noche. ¿Cómo voy a impulsar desde un Ministerio de Justicia una transformación de una Ley Orgánica del Poder Judicial sin haber oído a los jueces, a los secretarios, a los funcionarios, abogados, procuradores y sobre todo, a las asociaciones judiciales. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Hablen hoy con las asociaciones judiciales a ver qué dicen. La gente entendió que había una preocupación y se logró esa paz social. Y en el arco parlamentario las leyes se aprobaron muchas por unanimidad y, si no me falla la memoria, solo el Código Penal tuvo la abstención del PP, todas las demás las apoyó.

-¿Qué le parecen las declaraciones de Bárcenas sobre un supuesto pacto de silencio a cambio de la caída de Gallardón?

-Solo puedo contestar desde la más pura realidad jurídica y es que haría muy mal en comentarla porque es un proceso vivo y, después, porque desconozco esas declaraciones. Solo tengo la información de los medios, pero sería mal juez si en función de dos frases fuera capaz de juzgar una actitud procesal. Creo que sería osado e irresponsable.

-¿Se ve como futurible ministro?

-No, para nada. Ahora mismo ni a corto, ni a medio ni a largo plazo, no. Estoy tremendamente satisfecho con la tarea que realizo cotidianamente, con unos compañeros extraordinarios y con un ambiente de trabajo que colma todas mis expectativas. Creo que ya he disfrutado de esas participaciones tremendamente interesantes, preciosas todas, pero ahora mismo mi quehacer está aquí, mi ilusión, y es a lo que me entrego.

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