Provincia de Cádiz

Un exalcalde de Tarifa y 8 exediles, a juicio por el caso Santa Catalina

  • Piden para Miguel Manella (PSOE) inhabilitación y prisión acusado de prevaricar al adjudicar la reforma del castillo La defensa de tres empresarios procesados dice que es un "juicio político"

El Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras juzga a partir de mañana el caso Santa Catalina, que decidirá sobre el procedimiento seguido para la remodelación del castillo tarifeño y en el que están imputados el exalcalde de la localidad, el socialista Miguel Manella, ocho concejales del que fuera su equipo de Gobierno y tres empresarios a quienes les fueron adjudicadas las obras y para los que el Ministerio Público pide penas de inhabilitación de diversa cuantía -entre 9 y 20 años- a las que hay que añadir las penas de prisión -entre 1 año y 8 meses y 2 años-. Los abogados defensores de los empresarios imputados en el proceso, aseguraron a este periódico que ven en esta vista "un juicio político" y niegan que cometieran delito alguno, ya que rechazan de plano la existencia de "cualquier tipo de connivencia con las autoridades municipales de aquel entonces, cuando se produjo la adjudicación; simplemente les cogieron en medio, como cualquiera que hubiera ganado el concurso al que se presentaron".

Los hechos arrancan el 6 de abril de 2004, cuando un pleno del Ayuntamiento tarifeño aprueba el concurso de ideas para la adjudicación del castillo de Santa Catalina y sus inmediaciones. El 29 de noviembre de ese mismo año, la Mesa de Contratación resuelve conceder dicho concurso a la empresa Tarifa Secreto del Sur. El 26 de julio de 2005, pese a contar con un informe del arquitecto municipal, según se recoge en el escrito del fiscal del caso, el equipo de gobierno vuelve a votar a favor de dicha adjudicación. Es entonces cuando se produce el cambio de denominación de la sociedad (Centro Tarifa Santa Catalina) y en ese mismo pleno se acuerda añadir a los usos de los suelos del castillo la utilización comercial, obviada hasta ese momento.

De la misma forma, se determinarán en el juicio las responsabilidades en la concesión de la licencia para el movimiento de tierras y el vaciado de la fosa, la concedida para la construcción de una oficina de turismo, y para la instalación de una carpa de ocio, así como de un chiringuito de verano, presuntos delitos cometidos todos ellos entre el 21 de diciembre de 2005 y el 12 de junio de 2006.

El Ministerio Fiscal, pide para el exalcalde de Tarifa, Miguel Manella, dos penas de diez años de inhabilitación por sendos delitos continuados de prevaricación simple y urbanística, a los que se añaden dos años de prisión.

Para los exconcejales, a quienes considera responsables de los actos por las votaciones que llevaron a cabo y en las que refrendaron las distintas adjudicaciones a través de la aprobación de las licencias, el fiscal solicita que les sean aplicadas varias penas de inhabilitación que oscilan entre los 9 y los 19 años, así como penas de prisión que oscilan entre el año y 8 meses y los dos años.

Por último, para los tres empresarios propietarios de la empresa Centro Tarifa Santa Catalina, las peticiones de condena son de dos penas de 8 años de inhabilitación -también por sendos delitos de prevaricación simple y urbanística- y una multa de 18 meses a razón de 6 euros diarios, además de considerarles responsables penales subsidiarios.

Juan Aparicio y Manolo Buitrago, los dos abogados que ejercen la defensa de los empresarios acusados, aseguraron a este periódicoque "la lectura que puede hacerse de la apertura de este juicio es la correspondiente a un rifirrafe político, ya que conviene recordar que por entonces estábamos en la víspera de unas elecciones; simplemente a nuestros defendidos les han pillado en medio". Para ello han presentado "numerosos escritos en los que queda demostrado que los empresarios son completamente ajenos a la forma en la que se llevó a cabo el concurso, por lo que hemos pedido el archivo de la causa en numerosas ocasiones".

La línea de defensa que seguirán en el transcurso de la vista que se inicia mañana será la de convencer al tribunal de "que no existe ninguna prueba sobre la connivencia entre los empresarios y el Ayuntamiento; más bien al contrario, ya que se puede demostrar que fueron atendiendo a todos los requerimientos que desde el Consistorio les fueron haciendo a lo largo de todo el procedimiento de concesión de las licencias y aportaron todos los documentos que les pidieron en cada momento". De hecho, se pidió "a la Guardia Civil que emitieran los informes que probaran esa posible relación y no pudieron encontrar ninguna, por lo que creemos que los perjudicados son los empresarios".

Los letrados, pese a "no querer entrar en el trabajo de los tribunales de instrucción que se encuentran saturados y con una enorme carga de trabajo", también quisieron poner sobre la mesa el hecho de que se trata de hechos "sobre los que han pasado más de una década, con lo que las actuaciones que se siguen contra los acusados, van claramente en su perjuicio". Asimismo, consideran que "de haberse cometido alguna irregularidad, esta sería puramente administrativa, nunca en el ámbito penal al que ha llegado" y en el que se juzgará a partir de mañana.

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