"Hay demasiadas pistas navegando a la deriva", le dice un colega al inspector Kurt Wallander mientras se rasca la calva. Los policías suecos están repasando los acontecimientos, el puzle al que se enfrentan desde que días atrás el marido de Louise Akerblow ha denunciado la desaparición de su esposa. El cadáver de Louise lo ha encontrado en un pozo un ladrón al que un perista había encargado una bomba de agua antigua. A la mujer le han disparado un tiro en la frente. Antes, cuando aún no la habían hallado, una explosión intencionada ha arrasado una casa en la zona de rastreo y un perro ha localizado por allí un dedo de un hombre negro. Todo indica que Louise ha sido testigo de algo que no debió haber visto u oído.

Henning Mankell arranca así La leona blanca, una de las novelas de la serie Wallander. Entre las cenizas de la casa que ha volado en la explosión también aparece el cañón de una pistola: es de una Astra Constable de nueve milímetros que se fabrica en Sudáfrica. De ese país ha llegado a Suecia el asesino a sueldo contratado por una organización de extrema derecha que prepara un atentado. Pero eso lo sabrá Kurt Wallander cuando avancen las pesquisas sobre un crimen con implicaciones internacionales que el inspector está muy lejos de sospechar.

He ahí, pues, un crimen, un misterio por resolver, una investigación compleja y numerosas dificultades hasta dar con el homicida o el asesino. Son los ingredientes de muchas novelas. Pero no de la mayor parte de los casos reales. En contra de lo que relatan las novelas de Mankell y otros autores, los crímenes de verdad son resueltos policialmente con rapidez; en contra de lo que refleja la ficción, los supuestos autores son inmediatamente identificados y detenidos. De acuerdo: no siempre. Pero lo que en la novelas es materia común se vuelve excepcional en este lado del espejo.

Tanto, que hasta se da el caso extremo: el del crimen resuelto antes de que la Policía sepa que ha sido cometido. Es lo que ocurrió en Algeciras en agosto de 2011, cuando el empresario Agustín Vecín, de 66 años de edad, falleció durante un asalto a su domicilio, en la calle Las Huertas. Fue amordazado y maniatado y murió asfixiado, ya que los agresores le introdujeron calcetines en la boca y le taparon la cabeza con una sábana. La madrugada del crimen, en un control en Los Barrios, la Guardia Civil dio el alto a dos vehículos de alta gama que maniobraban de manera extraña. Un conductor aceleró y huyó pero los agentes lograron anotar la matrícula. En el otro automóvil viajaban dos jóvenes que fueron detenidos. Empezaron entonces las pesquisas para dar con el propietario de los dos vehículos y eso llevó a la Policía Local al domicilio de Vecín y a encontrar el cadáver del empresario. Luego hubo más detenidos. En marzo de 2012, un menor fue condenado a seis años y medio de internamiento. Y en 2014, la Audiencia Provincial juzgó a tres jóvenes; a dos los condenó a 20 años de prisión por robo y asesinato; al otro, a cinco años.

Algo parecido sucedió dos años después, a principios de septiembre de 2013, cuando la Guardia Civil resolvió el crimen del taxista de Chiclana conocido como El Pirri la misma noche en que fue degollado. A unos guardias que se encontraban en la zona de Roche, en Conil, les infundió sospechas un turismo que avanzaba muy despacio por una pista forestal. Le dieron el alto al conductor, revisaron el maletero del coche y se toparon con el cadáver del taxista. El conductor, de 33 años, ex compañero de la víctima, fue detenido. Los investigadores concluyeron que el móvil del crimen fue el robo: que el taxista fue asaltado y murió tras recibir un corte en la garganta con una navaja o un cuchillo.

Tampoco fue compleja la investigación que deparó en octubre de 2014 el doble crimen al que asistió conmocionado el pueblo de Ubrique: el de dos hermanos de 16 y 20 años de edad. Vecinos de los jóvenes oyeron hacia las cinco de la madrugada gritos y golpes y dieron la alarma. La Guardia Civil encontró a la chica en las escaleras de la casa, con heridas mortales de arma blanca. En la vivienda, el joven había fallecido apuñalado. Los agentes comenzaron enseguida a buscar al principal sospechoso: el padre de las víctimas. La relación entre el padre y sus hijos era distante y fría; la hija había presentado una denuncia contra él. Hubo un despliegue de fuerzas por los montes que rodean Ubrique y hacia las dos de la tarde, una patrulla localizó al hombre, herido, ensangrentado y con la camisa rota.

Más rápido aún fue resuelto el crimen que acabó con la vida de Miriam Tamayo en Jerez. Fue el 13 de junio de 2013, hacia la una y media de la tarde. Miriam caminaba por la avenida de Lebrija hacia un restaurante en el que iba a compartir una comida con compañeros de un curso de formación profesional al que habían asistido en la Escuela de Hostelería. La frenó en seco su ex pareja. La abordó, ella pidió ayuda y él le asestó siete puñaladas. Una le alcanzó el corazón. Ella tenía 21 años de edad. Un hijo de ambos, diez meses. En diciembre de 2014, Germán J. fue condenado a 18 años y 9 meses de prisión. Varias personas presenciaron lo ocurrido. Mientras una enfermera atendía a Miriam en la calle, trabajadores de un centro de diálisis consiguieron agarrar al agresor; lo retuvieron hasta que llegó la Policía.

También fue detenido en el lugar del crimen el joven que la madrugada del 22 de julio de 2012 apuñaló a Jairo Gómez, de 17 años de edad, durante una pelea en el botellódromo de Jerez. Agentes de la Policía Local que se encontraban en el lugar arrestaron inmediatamente a un chaval señalado por testigos. La Policía detuvo después a otro joven, que fue acusado de pasarle al primero el arma durante la reyerta. En el juicio fue absuelto. El autor de las puñaladas fue condenado a cinco años de prisión: un jurado consideró que actuó en defensa propia y afectado por un miedo insuperable.

A principios de marzo de 2014, una mujer de 51 años y su hija de 9 aparecieron muertas en un chalé de la urbanización Sotogrande, en San Roque. Los investigadores tardaron muy poco en dar con el supuesto criminal. La casa estaba alquilada desde hacía unas semanas y el propietario acudió allí, extrañado porque no había recibido las llaves pese a que vencía el período de arrendamiento. Así halló a las víctimas. Eran aproximadamente las nueve de la mañana. Poco después, hacia las once y media, la Guardia Civil encontró a la pareja de la mujer: un hombre de 53 años de edad que deambulaba por la urbanización. Presentaba heridas en el cuello, por lo que fue detenido. Dos días después fue ese hombre el que apareció muerto: falleció en un calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, donde estaba recluido en espera de declarar ante el juez.

En otros casos, los autores del crimen se entregan a la Policía. Eso sucedió en mayo del año pasado, cuando Pedro Barragán, de 46 años de edad, falleció tras recibir 11 puñaladas en el interior de un bar de Chiclana del que era gerente y camarero. Hubo varios testigos. El socio de la víctima, propietario del establecimiento, se entregó poco después en el cuartel de la Guardia Civil.

También se entregó la autora del asesinato de una anciana de 92 años de edad que apareció muerta en su domicilio de Cádiz, en el barrio de Guillén Moreno, una mañana de finales de julio de 2014. El cadáver lo encontró la mujer que la cuidaba. La víctima tenía una bolsa de plástico en la cabeza. La Policía consideró pronto que se trataba de un robo y varios testimonios mencionaban a una vecina que se mostraba muy nerviosa. Horas después, esa mujer acudió a la comisaría y se entregó. El mes pasado, aceptó 17 años de prisión y evitó así comparecer ante un juicio con jurado.

Incluso crímenes de resolución aparentemente complicada quedan ventilados policialmente en días. En febrero del año pasado apareció en la periferia de El Puerto un cadáver en el maletero de un automóvil en llamas. Al fallecido le habían disparado y le habían amputado dos dedos. Pronto fue identificado como el propietario de dos prostíbulos. Días atrás, su pareja había denunciado la desaparición. Una semana después fueron detenidos tres hombres que los investigadores consideraron implicados en el crimen. En principio, el móvil estaba relacionado con una deuda sin saldar.

Las detenciones por la muerte de José María M.F. tardaron un poco más pero no mucho: dieciséis días. El cadáver de ese vecino de Jerez lo encontró un cabrero el 12 de mayo del año pasado en una cuneta de la autovía A-381, en el término de Medina. Estaba maniatado con bridas. La autopsia reveló que había sido estrangulado. Los investigadores sospecharon que se encontraban ante un ajuste de cuentas. Dos semanas después fueron detenidas cuatro personas y la conclusión policial fue que el caso estaba relacionado con la pérdida de un alijo de hachís. Más adelante, en agosto, una segunda parte de las pesquisas permitió a la Guardia Civil desarticular un grupo de narcotraficantes.

Igualmente se demoró un poco más la resolución policial del caso de un anciano que murió apuñalado en Jerez el 17 de septiembre de 2013. Hacia las nueve de la mañana de ese día, golpes y gritos alertaron a los vecinos en la barriada de Santo Tomás de Aquino. Juan Torres Corrales, de 86 años, estaba aún con vida cuando la Policía llegó a la vivienda pero no tardó en fallecer. Su esposa quedó ingresada en el hospital. El matrimonio había sido apuñalado y las sospechas señalaron a dos hombres. Uno de ellos fue localizado y detenido pocos días después. El otro había escapado de la ciudad. Pero en menos de un mes, fue detenido en Oviedo, donde residía su novia: la Policía le siguió la pista por diferentes ciudades al detectar su teléfono móvil. En abril del año pasado, la Audiencia lo condenó a 16 años de prisión. El otro acusado fue absuelto.

Quizá la investigación más complicada fue la del asesinato de una vecina de El Puerto. No obstante, la Policía lo dio por resuelto cuatro meses después. Bernardina Montoya, de 50 años, cayó muerta por los disparos de una escopeta hacia las ocho y media de la tarde del 2 de septiembre de 2011 en una zona rural. La Policía comenzó a indagar si el caso tenía relación con otro: un tiroteo entre dos familias ocurrido el mes anterior en Mérida que había dejado dos muertos y un herido. Que la muerte de Bernardina fue una venganza podría explicar lo que relataron algunos testigos: que la mujer había sido abatida por alguien que la esperaba en un turismo blanco estacionado en las inmediaciones. Cuatro meses después, los investigadores detuvieron a Julio Balader y lo presentaron como un sicario que había sido contratado para matar a Bernardina. En junio del año pasado, un jurado lo halló culpable y fue condenado a 18 años de prisión por asesinato. La sentencia aún no es firme.

La realidad criminal suele ser, pues, mucho menos complicada y misteriosa que los asesinatos de la ficción.

Alguien podría interpretar que eso rebaja el interés de las novelas. En absoluto. Ahí están, como prueba de cargo, las novelas de la serie Wallander: la maestría del fallecido Henning Mankell para transmitirle al lector, desde el mundo de la ficción, emociones muy verdaderas.