Hasta cuatro recursos se han presentado al pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento de El Puerto para la búsqueda de un socio tecnológico de cara a la gestión de la empresa municipal de aguas, Apemsa. Dicho concurso, sobre el que las empresas más importantes del sector reconocen abiertamente estar muy interesadas, ha quedado finalmente desierto y este periódico ha tenido acceso al contenido de los recursos presentados, tres de ellos de empresas del sector (Aqualia, Valoriza Agua y Aquagest) y el cuarto de la sección sindical de UGT en Aqualia, actual concesionaria de la explotación de la depuradora y la red de alcantarillado.

Las alegaciones de Aqualia y Valoriza son muy similares en cuanto a su contenido, si bien las de la primera empresa son mucho más extensas. Aqualia reconoce su enorme interés en acceder al contrato con el Ayuntamiento portuense para la creación de una sociedad mixta que gestione el ciclo integral del agua, pero lamenta no haber podido acudir a la licitación ante la falta de garantías que le ofrecían las condiciones del pliego. Los responsables de Aqualia, que hicieron una visita a las instalaciones para preparar su oferta, se quejan de algunos de los términos del pliego y denuncian incluso un error en el modelo de proposición, ya que como dicen "se habla de un canon concesional de 14 millones de euros, cuando lo que aporta realmente el socio privado es un préstamo a la sociedad". Por ello, señalan que "en ningún momento la empresa mixta tendría la condición legal de concesionario" y añaden que "se trata de una pura y simple operación financiera". Por este mismo motivo consideran abusivas cláusulas como la que regula la facultad municipal de resolver el contrato en cualquier momento, lo que conllevaría la pérdida definitiva del importe del "préstamo".

En estos mismos términos se pronuncia la empresa Valoriza en su escrito, que recuerda que el socio tecnológico tendrá a su vez que pedir un préstamo a una entidad financiera, por lo que pide que se pueda presentar esa operación al Ayuntamiento como pago. Valoriza también ve "inseguridad jurídica" en el pliego y llama la atención sobre la prohibición legal de suspender los contratos en la gestión de servicios públicos. Esta empresa también echa en falta la posibilidad de concurrir al concurso a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

La expresión "inseguridad jurídica" se repite también en el recurso de Aqualia, empresa que además echa en falta en el pliego "información exhaustiva de la situación económica y financiera de la empresa en la que va a participar como socio, información que brilla por su ausencia". Aqualia recuerda que "el socio privado no es una entidad financiera" y añade que tendrá que pedir a su vez un préstamo, por lo que su papel será de mero intermediario. En este sentido, Aqualia coincide con Valoriza a la hora de pedir que sea suficiente garantía la concesión de un préstamo a la empresa.

La postura se Aqualia se define muy bien en este párrafo: "Se obliga al socio privado a que haga el papel de banco de la futura empresa mixta, lo cual no deja de ser una obligación extraña incluso al propio objeto del contrato, y al hecho de que se le denomine al socio privado como tecnológico, cuando se le obliga a que sea sobre todo financiero, que además es lo que más se valora".

Finalmente, el recurso de Aqualia aborda otras cuestiones como el cálculo del beneficio industrial a través de las tarifas -cuya regulación califica de "ambigua" en el pliego- o la escasa autonomía que tendría el socio privado a la hora de gestionar la empresa mixta, ya que las decisiones más relevantes corresponderían al Consejo de Administración, en el que no tendría mayoría.

Por su parte la empresa Aquagest centra su recurso en la falta de información sobre los contratos que ya existen entre Apemsa y Aqualia (FCC) para la gestión de algunos de los servicios incluidos en la operación, como la gestión de la planta depuradora de Las Galeras o la de la red local de alcantarillado. Desde la empresa indican que el pasado 9 de agosto se personaron en las dependencias del área municipal de Contratación para revisar los contratos vigentes de Apemsa con empresas subcontratistas, detectando que dichos contratos "están referidos en todo momento a contratos anteriores que no figuran en la documentación del concurso", por lo que solicitan que les sea facilitada copia de los contratos entre Apemsa y Aqualia desde el año 1991, o al menos que se les facilite la consulta de dichos documentos.

En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía ha abierto hace unos meses diligencias para estudiar la adjudicación de obras promovidas por Apemsa sin la mediación de un concurso público, como la construcción de un tanque de tormentas o la prórroga de contratos. El último recurso presentado, correspondiente a la sección de UGT en Aqualia, impugna el pliego de condiciones ante la ausencia de datos detallados sobre la plantilla de la depuradora y los trabajadores del servicio de alcantarillado.