La empleada municipal acusada de elaborar algunos de los documentos que forman parte del expediente de contratación del Ayuntamiento con empresas de la trama Gürtel para la Feria Internacional de Turismo de 2004 ha negado que los hubiera realizado. Lourdes Montenegro, en su declaración ante el tribunal en la jornada de este jueves, indicó que otras personas podrían haber accedido al ordenador de su puesto de trabajo para hacerlos.

Estas afirmaciones han sido realizadas durante la cuarta sesión del juicio que desde este lunes se está celebrando en la Audiencia Nacional por las actividades de promoción de la ciudad que se hicieron hace 15 años en la capital de España. La vista oral se retomará el próximo día 17 con el inicio de la declaración de los testigos.

Según se recoge en el auto de apertura de juicio oral, esta empleada aparece como la autora de algunos de los archivos informáticos del expediente de contratación de las actividades desarrolladas por las empresas de la trama Gürtel en Madrid durante el encuentro turístico. Asimismo, se considera que participó en algunas reuniones preparatorias de la cita turística con Isidro Cuberos, el periodista ya fallecido al que se le atribuye el papel de mediador entre las firmas de Francisco Correa y el Ayuntamiento.  

La procesada explicó que las claves de su ordenador eran accesibles ya que estaban escritas en un 'post-it' pegado en un lugar visible de su puesto de trabajo. En este sentido, señaló que lo hizo así para que otros compañeros pudieran acceder a él en los periodos que ella estuvo de baja, que aseguró que fueron varios durante aquel año. Incluso, señaló que hubo días que se encontró su ordenador encendido a pesar de que la jornada anterior lo había dejado apagado. 

Ahora bien no supo concretar quién pudo usar su computadora y con qué finalidad aunque lo enmarcó dentro de un tema "político" al asegurar sentirse víctima de una "batalla" entre alcaldes. La trabajadora procesada llegó a decir que quienes hicieron estos documentos buscaban hacerle "daño" debido a sus vínculos familiares con el ex alcalde Pedro Pacheco (es su tío).

Eso sí, la acusada mostró su convencimiento de que los responsables del equipo de gobierno del PP no se hubieran atrevido a darle documentos "antedatados" pues ella "inmediatamente habría ido" a comentárselo a su tío y, por ende, se hubiera puesto en riesgo el acuerdo que mantenía esta formación con el PSA (Partido Socialista de Andalucía) en aquel momento. La Fiscalía sostiene, en cambio, que todo el expediente de contratación se elaboró meses después de celebrarse Fitur

Estas contrataciones se realizaron en 2004, escasos meses después de que se hubiera firmado un pacto de gobierno entre el PP de María José García-Pelayo y la formación de Pedro Pacheco donde la popular fue proclamada alcaldesa y el andalucista, primer teniente de Alcaldía y delegado de Urbanismo. No obstante, el Instituto de Promoción de la Ciudad (IPDC), órgano ya desparecido que recibió la encomienda de gestionar y contratar la promoción de la ciudad en Fitur, estaba controlado por los populares. 

En este sentido, explicó que en el departamento de administración del organismo público estuvo tan solo seis meses en 2004 y que allí tuvo que aprender "cosas de contabilidad" y de seguimiento de facturas porque no tenía experiencia en esta materia.

Así, explicó que la única relación que tuvo con lo proveedores era la de "cogerles el teléfono" ya que la entonces interventora del instituto no les quería "atender". Ahora bien, negó que fuera la encargada de ordenar el pago de facturas sino que solo resolvía por teléfono las dudas de las empresas que tenían pendientes algún cobro y que les "daba largas" porque había retrasos en estos abonos. Eso sí, durante su declaración una de las fiscales le mostró una carta de las empresas contratadas con Fitur dirigida a ella; en su defensa alegó que este caso podría haber sido algo excepcional.

También se desvinculó del proceso de adjudicación de estos trabajos señalando que era una labor que estaba encomendada tanto al departamento de Turismo del Ayuntamiento como al IPDC. Es más, apuntó que "nunca" llegó a ver el expediente del que aseguró que "desapareció" cuando se conocieron las primeras noticias sobre la investigación judicial.

Denuncia registros y borrados de archivos y correos electrónicos

Asimismo, la por entonces interventora municipal, Milagros Pérez, señaló en relación con el procedimiento administrativo seguido con estas contrataciones que los informes que dieron vía libre a la adjudicación pasaron "desapercibidos" porque no se apreció ningún "error" ni nadie le llamó para "comentar, advertir o pedir opinión", tal y como sí ha ocurrido en otras contrataciones. Es más, negó su participación en las presuntas irregularidades de las que dijo que se enteró cuando el caso fue denunciado por la ex alcaldesa Pilar Sánchez.

Por otro lado, afirmó que llegó a comunicar a la entonces alcaldesa que le estaban "registrando el ordenador" y que había almacenadas en él carpetas "cambiadas de nombre" y correos electrónicos "que habían desaparecido". En este sentido afirmó que recibió como respuesta que la empresa municipal que en aquellos años gestionaba los sistemas informáticos municipales (Jesytel) tenía acceso a todas las claves para poder solucionar las "averías" informáticas.

Uno de los aspectos apuntados durante su declaración fue lo ya apuntado el día anterior por el director del IPDC respecto a la "desconfianza" que el gobierno de García-Pelayo tenía con los técnicos que tuvieron importantes responsabilidades durante los años de gobierno de Pacheco. Así, rememoró que aquellos años fueron un "suplicio" llegando a hablar de "persecución total" por parte de los responsables políticos.

La ex alcaldesa ordenó el pago a las empresas en diciembre 

Por último compareció ante el tribunal la trabajadora que en el momento de las contrataciones tenía a su cargo las labores de intervención del Instituto de Promoción de la Ciudad, Milagros Abascal.

Según se recoge en la investigación, hay documentos que acreditan la insistencia de los responsables de las firmas contratadas en cobrar por sus servicios en los meses siguientes a la celebración de Fitur. Al respecto, la interventora del IPDC señaló que había un importante retraso en los pagos del Ayuntamiento y que se le daba prioridad en función de la antigüedad. Ahora bien, advirtió de que también se abonaban aquellas que ordenara el gobierno.

Sobre estas, la acusada aseguró que recibió orden de García-Pelayo de que se tramitara el pago en una reunión celebrada a finales de 2004 para hablar de algunos expedientes vinculados a la celebración de la Navidad en la ciudad.