Las organizaciones ecologistas anunciaron una batalla legal, la cumplieron y ahora amenazan con elevar el caso a la Unión Europea si la Administración persiste en el proyecto de ocupar una zona pública marítima-terrestre de la Bahía para desarrollar el parque de las Aletas. "Vamos a denunciarlo hasta donde podamos, lo llevaremos a instancias a nivel europeo y el Gobierno tendrá que tenerlo en cuenta de cara a futuros inversores, porque siempre van a tener encima la espada de Damocles".

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, es quien ayer lanzó este mensaje contundente tras la reunión del Consorcio y remarcó que la organización ecologista considera que no cabe una interpretación o una adaptación legal que permita continuar con el proyecto del polígono promovido parcialmente en terreno afectado por la Ley de Costas (287 de las 527 hectáreas totales). "Veo muy difícil que pueda salir adelante y lo que la Administración debe hacer es buscar ubicaciones alternativas porque claro que la situación es muy buena, pero una marisma no es una escombrera, y desde luego la opción de la desafectación sería una aberración". Esta firmeza no es sólo de palabra, sino que el colectivo considera este asunto "emblemático como pocos en España" por "el impacto que provoca en el medio natural" y porque supone "un grave precedente al unirse dos administraciones para destruir una zona pública", argumentó el secretario general de WWF España.

Del Olmo considera ahora que la sentencia "es clara al anular la reserva demanial, calificar la marisma como dominio público marítimo-terrestre y reconocer el deber de las administraciones públicas de conservarla en su integridad". Incluso, la organización reclama la "disolución" del Consorcio porque entiende que "no tiene mucha lógica que se mantenga cuando su principal papel es velar por la reserva que se ha anulado", un extremo sobre el que el Gobierno y la Junta discrepan porque consideran que se ha anulado el procedimiento, pero no se ha decretado la invalidez de la fórmula jurídica ni institucional.

Sobre las causas que han podido llevar al TS a invalidar un proceso amparado por la Abogacía del Estado, Del Olmo cree que "se cogió un atajo legal" por la "presión social en la zona y la gran presión que la Junta hizo y va a seguir haciendo en el Gobierno". El colectivo reconoce la necesidad económica e industrial que tiene la Bahía de Cádiz, pero "el interés público debe prevalecer y ser defendido frente a cualquier otro".

WWF España fue el impulsor, a finales de 2008 y junto a Greenpeace, del recurso contra el Plan Especial de las Aletas por considerar que vulneraba la Ley de Costas al utilizar la reserva del dominio público, para actividades que no son competencia del Estado y que no son exclusivas del litoral.