Provincia de Cádiz

Los dueños de las Aletas plantan a La Junta en la expropiación

  • Un notario acude ante la EPSA en representación de los propietarios y pide la suspensión del proceso porque hay "una doble enajenación de un mismo bien"

¿Cómo se puede expropiar dos veces una misma propiedad? De ninguna manera. "No hay precedente en el mundo civilizado". Los trece titulares de parcelas de Las Aletas que recurrieron y ganaron la batalla legal contra la Junta plantaron ayer a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en el primer encuentro del nuevo proceso expropiatorio abierto por la Administración. Un plantón a medias, eso sí, porque no acudieron en persona, pero delegaron en un notario que se personó en el Ayuntamiento de Puerto Real -lugar de la citación- para dar una respuesta única y contundente: no. Los que sí concurrieron fueron aquellos con los que se hubo acuerdo, pero que ahora reclaman una nueva tasación porque la primera la aceptaron bajo presión y coacción ante el temor de perderlo todo.

A través de un escrito conjunto, los trece de Las Aletas denunciaron que la Junta vuelve a incurrir en una ilegalidad porque pretende expropiar una superficie que todavía no se ha devuelto a los propietarios y que, por lo tanto, legalmente sigue figurando a nombre de la EPSA en el Registro de la Propiedad y, además, agrupada como una única finca: la 28.465. "Entendemos que resulta física, material y jurídicamente imposible continuar con el procedimiento mientras que la EPSA siga siendo la titular de los bienes y derechos objeto del mismo", según exponen los dueños de estas parcelas, que, en conjunto, se acercan al millón de metros cuadrados (casi 100 hectáreas).

Como se recordará, el conflicto parte de la sentencia del TSJA del 5 de marzo de 2008 que invalidaba el Plan Especial de Reserva de Las Aletas que la Junta redactó y aprobó para promover el nuevo polígono empresarial y logístico, y que respresentaba la base administrativa y legal para ejecutar la expropiación forzosa del suelo. El alto tribunal falló a favor de los propietarios, que no estaban de acuerdo con el procedimiento y los justiprecios abonados por la Junta, y obligaba a reanudar el proceso desde cero.

El problema ahora es que la Administración no ha restituido (devuelto) las parcelas a sus dueños originales y, pese a ello, ha iniciado las expropiaciones con el trámite preceptivo de "ocupación previa", que es el que se abordó ayer. "Es un procedimiento absurdo", según sostienen fuentes legales, que explican que "no se puede enajenar algo indefinidamente, ni ejecutarlo dos veces sobre un mismo derecho". Además, la anulación del plan Especial de Reserva por parte del TSJA ha tenido una consecuencia que, a juicio de los propietarios, la Junta no quiere reconocer: la "ocupación ilegal" de sus parcelas durante los dos últimos años y el daño patrimonial por la inutilización del terreno y la demolición de todas las viviendas, salvo la casa de La Cerería. Los particulares pretenden reclamar una indemnización por estos perjuicios, pero, para ello, primero tienen que recuperar sus parcelas y comprobar el estado en que se encuentran.

El razonamiento parece lógico y la solución podría resultar sencilla, sin embargo, fuentes legales advirtieron que, conforme a la nueva Ley del Suelo, no se puede segregar terreno rústico en unidades de cultivo -como se denomina la figura registral- que, en el caso de Puerto Real, sean inferiores a 10.000 metros cuadrados. Esta modificación legal bloquea la posibilidad de dividir la parcela de la EPSA conforme a la estructura anterior y, en conclusión, obliga a la Junta a llegar a un acuerdo civil con los titulares, según la visión de sus representantes legales.

Con estos argumentos en la mano, los propietarios reclaman a la Junta que "cese en su insistente intención de volver a ocupar" el suelo y suspenda el expediente expropiatorio. Además, ya anuncian que recurrirán tanto esta acta de ocupación previa como las posteriores que pueda emprender la Junta (el próximo es el de ocupación y pago), ya que la apelación "no paraliza un proceso tan expeditivo como la expropiación forzosa" y la Administración puede continuar el proceso independientemente de la vía judicial paralela que se abra en su contra. A su juicio, el expediente iniciado "es nulo y así lo declararán los tribunales, como hicieron con el Plan Especial, aunque sea dentro de dos años". "La Junta se está metiendo en un fraude mayor", concluyeron las mismas fuentes.

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