La Guardia Civil ha detenido a tres personas en la localidad de Arcos por defraudar un valor aproximado de 600.000 euros tras hacerse con datos personales y bancarios de clientes que les compraban vehículos en su concesionario. La Benemérita destacó que buena parte de las personas afectadas por este fraude residen en Jerez y en otras localidades de la Sierra de Cádiz. La cifra de los perjudicados se eleva a casi ochenta, informaron fuentes de este cuerpo de seguridad. Los presuntos hechos delictivos se llevaron a cabo en un concesionario del polígono industrial 'El Peral' de Arcos, que cerró después de que la Guardia Civil concluyera su operación, la cual fue bautizada como 'Operación Dentada'.

A grandes rasgos, la Guardia Civil informó ayer que el 'modus operandi' de los encargados del concesionario venía a ser el siguiente: "Falsificaban la documentación aportada por los clientes abusando de su confianza, para obtener financiaciones fraudulentas, fingiendo (con estos datos) la compra de otros vehículos de alta y media gama. Cometiendo de esta forma delitos continuados de estafa y falsedad documental, en la compra de estos".

La operación, bautizada como 'Dentada', se inició en Madrid tras una denuncia

Las investigaciones de los agentes de la Benemérita se desarrollaron tanto en Arcos como en Jerez y cabe destacar que las mismas forzaron el desplazamiento a Jerez desde Madrid de efectivos de un grupo poco conocido de la Guardia Civil como es el GIAT (Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico). No en vano, el inicio de las investigaciones tuvo lugar en Madrid.

Estos guardias civiles son agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, los cuales iniciaron las investigaciones tras la denuncia de un perjudicado. Según se supo ayer, a este ciudadano le habían cargado una cuota en su cuenta bancaria por la compra de un vehículo que ya había pagado.

Una vez iniciadas las investigaciones, las propias financieras implicadas denunciaron ante el Grupo (central) de Investigación y Análisis de Tráfico radicado en Madrid la comisión de un presunto delito continuado de estafa y falsedad documental en la compra de 43 vehículos tanto nuevos como seminuevos. Lo primero que hicieron los agentes fue comprobar los documentos aportados para conseguir dichas financiaciones. "Se pudo comprobar, después de un primer análisis, que los documentos aportados eran falsificados por una persona con conocimientos informáticos".

El GIAT Central procedió a la apertura de la ya referida 'Operación Dentada', contando con la colaboración de sus compañeros del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, en la que se procedió a la desarticulación de lo que se consideró como una trama dedicada a falsificar documentación personal de clientes que adquirían vehículos en un concesionario y con posterioridad la utilizaban sin su consentimiento para financiar otros vehículos.

Abundando en el 'modus operandi' llevado a cabo "por esta organización", la Guardia Civil apunta que "los clientes acudían a realizar la compra de un vehículo en un conocido concesionario de la zona (polígono industrial 'El Peral' de Arcos) donde al gestionar la adquisición de un automóvil nuevo o uno ya matriculado, el administrador copiaba la documentación del comprador. Posteriormente, utilizaba esta documentación para solicitar la financiación de otro vehículo diferente".

Según se apuntó ayer en nota de prensa, con estos actos delictivos el administrador del concesionario cubría dos necesidades. De un lado, mantener la cuota mínima de ventas del concesionario (unos cupos a los que los fabricantes de coches obligan a sus asociados). De otro estaba obtener el dinero rápido que necesitaban para abonar otras financiaciones anteriormente adquiridas mediante el mismo método. Para evitar que le llegaran las cuotas a los perjudicados, utilizaban su propia cuenta bancaria.

"Otra praxis detectada era que cuando la financiación era solicitada por un matrimonio o una pareja de personas, aunque para conceder el crédito fuese suficiente con que la documentación la presentara uno de ellos, el jefe de la trama aun así tomaba ambas documentaciones para, a posteriori, financiar otro vehículo sin su consentimiento", indicó la Guardia Civil.

Los perjudicados -al desconocer el uso fraudulento de sus datos y tener un crédito a su nombre por la compra de un vehículo- no obtenían la autorización de las financieras para solicitar otros créditos, con el consiguiente perjuicio que ello les provocaba.