El número de demandas relativas a cláusulas suelo que actualmente se están tramitando en la provincia de Cádiz asciende a 700 denuncias, una cifra que ha crecido de una forma desorbitada en el último año y medio.

Frente a los seis asuntos incoados en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz en 2012 alusivos a las condiciones generales de contratación, en 2013 se incrementaron hasta 300; y en lo que va de 2014 se han contabilizado ya 700 casos en trámite. De esos 700 asuntos, algunos corresponden al año 2013, a los que hay que sumar los que se han ido incorporando en estos cinco meses de 2014. Estamos hablando, en definitiva, de un incremento del 10.000%.

María del Castillo Mendaro, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Rota y actualmente en comisión de servicios en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, declara que esta carga de trabajo "es inasumible". "Ésta es una provincia con mucha conflictividad, donde la crisis económica ha afectado especialmente, lo que ha traído consigo esta sobrecarga de la litigiosidad imposible de abarcar por un sólo juzgado".

Los gaditanos afectados por la famosa cláusula suelo se preguntarán: ¿Qué ocurre a efectos prácticos si interpongo una demanda? Mendaro responde: "En el momento que un ciudadano cruza una denuncia (con la documentación acreditativa pertinente), suele solicitar también como medida cautelar coetánea y con carácter de urgencia la anulación de la cláusula suelo para dejar de abonar ese importe de más. En la mayoría de los casos esta medida cautelar está siendo aprobada, con lo que se acuerda la suspensión de la cláusula. Entonces, la entidad bancaria pasa a aplicar sólo el interés bancario que se haya acordado en la escritura de constitución del préstamo hipotecario sin ningún límite por debajo. Este trámite suele ser rápido, en un mes como mucho está adoptado".

Para proceder de esta manera, la Audiencia Provincial de Cádiz, como la mayoría de las audiencias de España, toma como referencia jurisprudencial una sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de 9 de mayo de 2013, que declara nulas las cláusulas suelo "siempre y cuando se demuestre el carácter abusivo de la entidad financiera por no haber sido lo suficientemente transparente a la hora de informar de las posibles consecuencias que trae consigo la aplicación de esta cláusula en el pago final de la cuota hipotecaria", matiza Mendaro. "Algunas de estas cláusulas, tal como aparecen redactadas, e incluso por su ubicación en las escrituras del préstamo hipotecario (aparecen en un pacto de intereses aparte), producen confusión en el consumidor".

Ahora bien, la doctrina del Supremo establece que, si bien el cliente deja de abonar desde ese momento la cláusula suelo, no hay retroactividad en la devolución de las cantidades que han sido indebidamente cobradas por esta cláusula. "Lo pagado hasta ese momento, pagado está", esgrime la responsable judicial.

"Lo que está ocurriendo ahora, y que antes no ocurría, es que las entidades financieras se están oponiendo a la medida cautelar y urgente de anulación de la cláusula, haciendo uso de los derechos que les confiere la ley. Así que para resolver esta oposición hay que convocar a las partes a una vista, con lo cual hay otro juicio. Como consecuencia, el proceso se demora aún más", confirma. Este retraso se traduce en un tiempo estimado de resolución superior a los doce meses, "y la cosa va a peor". Lo normal para este tipo de procedimientos, incluyendo la audiencia previa y el juicio, "sería de seis meses".

Mendaro explica las causas que provocan estas dilaciones: "El Juzgado de lo Mercantil tiene unas competencias muy amplias; aquí se aborda el derecho de sociedades, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, el derecho marítimo... Más las condiciones generales de contratación, donde se incluyen las cláusulas suelo, además de los procedimientos concursales, que también suman una cifra altísima, 1.000 asuntos, y suelen llevar aparejados una tramitación muy larga". Este colapso se remata con una plantilla de personal muy justa, integrada sólo por 11 funcionarios, dos secretarias judiciales, la juez sustituta y ella misma. En este punto, Mendaro subraya que una inspección reciente realizada por el Consejo General del Poder Judicial recomienda la creación de otro Juzgado de lo Mercantil en la provincia.