Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique, y Francisco Casto Pérez, inspector médico responsable de la unidad de Valoración de Incapacidades Laborales del Servicio Andaluz de Salud, eran los supuestos cerebros de una trama dedicada a la falsificación de documentos e informes para la obtención fraudulenta de pagas por invalidez. Y María José Campanario, esposa de Jesulín de Ubrique, y María de la Paz Cañero, la que fuera secretaria del ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, dos de las personas que presuntamente recurrieron a los servicios de ambos y se beneficiaron de ellos para lograr una pensión por incapacidad para sus respectivas madres. Así consta en el auto del titular del Juzgado Número 1 de Cádiz, Jorge Bartolomé Moriano, que ha puesto fin a la instrucción de la denominada operación Karlos, con la imputación de un total de 34 personas en función de su supuesta participación en los hechos.

El ex jefe de Policía está imputado por delitos de cohecho tipificados en los artículos 419 y 420 del Código Penal, estafa (248), falsedad documental (390) y usurpación del estado civil (401). Al médico, el juez le imputa además de los anteriores otro de asesoramiento prohibido a funcionario público (441). Campanario está acusada de delitos de cohecho de los artículos (423.2 y 419), falsedad continuada documental, estafa y usurpación del estado civil. Y María de la Paz Cañero está imputada por un delito de estafa.

Felipe Meléndez, abogado del inspector médico, en declaraciones a este periódico, negó la trama, "ya que nadie ha manifestado que Francisco Casto Pérez cobrase por ninguno de sus trabajos" y anunció que insistirán en la nulidad de las escuchas telefónicas practicadas, "que no han sido rechazadas de manera absoluta sino pospuestas para otro momento de la vista".

El juez relata en el auto cómo Carretero y el médico se vieron en 2003 en la unidad de valoración de incapacidades cuando el primero acudió a una revisión por enfermedad. Y cómo ambos, que ya se conocían a través de sus esposas, que eran amigas, tramaron "un plan", según consta textualmente en el auto de fecha 24 de febrero del pasado 2007, para facilitar a terceros, "aun de forma irregular", prestaciones de incapacidad previo pago de ciertas cantidades que se repartirían entre ambos. La misión del médico no era otra que "emitir informes lo más favorables posibles" sobre el estado de salud de los solicitantes, "renunciando a su deber de actuación objetiva e imparcial, o incluso inventando o exagerando la realidad". El juez estima que el inspector tuvo que servirse de los informes de otros profesionales sanitarios.