La operación Princesita, frustrando la supuesta venta de un bebé a través de lo que se conoce comúnmente como vientre del alquiler, algo no permitido en España, ha abierto un debate sobre si debe haber o no una ley que regule la gestación subrogada, un asunto que requiere un debate profundo y sobre el que no hay consenso.

La Asociación por la Gestación Subrogada en España aboga por su regulación para acabar con este tipo de situaciones, que condena. "Nuestra recomendación es que nunca, de ninguna manera, se recurra a triquiñuelas para salvar obstáculos legales", afirma su portavoz, Aurora González.

Según explican, la gestación subrogada o gestación por sustitución es una forma de reproducción asistida en la que, además de los futuros padres, participa una mujer que gesta el embrión resultado de una inseminación artificial o de una fecundación in vitro. Los gametos pueden proceder de uno de los progenitores y de una donación, de los dos progenitores, o de donaciones. Está prohibido en España, pero los niños nacidos fruto de esta técnica en un país en el que esté regulado podrán inscribirse en el registro civil, "aunque es muy complicado", cumpliendo una serie de requisitos.

Todo esta "alegalidad" crea una "importante discriminación" entre aquellos españoles que pueden costearse el tratamiento fuera y los que no, señalan. "Si miras por internet, puedes ver anuncios de chicas ofreciéndose", comenta. "Nosotros lo condenamos y abogamos por su regulación porque se solucionaría que gente desesperada actuara sin valorar los problemas que pueden causar". Tener un hijo por gestación subrogada, la forma en la que muchos famosos homosexuales o heterosexuales han tenido a sus hijos, puede llegar a costar hasta 150.000 euros en EEUU, "que es el país más garantista pero con sanidad privada y a gran distancia". "En Ucrania o Rusia baja la cifra pero son países que no dejan acceder a homosexuales".

Sobre el tema no hay acuerdo total entre los partidos que sí empiezan a plantearlo en sus foros y congresos. El que apuesta claramente por este método es Ciudadanos, que lleva en su programa electoral una ley sobre gestación subrogada. El PP lo tiene entre los puntos a tratar en el próximo congreso. La cuestión es peliaguda, ya que se mezclan sensibilidades, dudas éticas y legales sobre cómo quedan los derechos de los niños y las gestantes, si sería un negocio o se restringiría a que se hiciera de manera altruista. Por poner un ejemplo, la Asamblea de Madrid rechazó en marzo solicitar una regulación al Gobierno con el voto en contra de PSOE, Podemos y de algún diputado del PP, frente al sí del resto de su grupo y Ciudadanos.

La asociación Nuestros Hijos, de familias que han tenido hijos por gestación subrogada, señaló a los políticos como "responsables morales" de casos como el de Villamartín. Su presidente, Pedro Fuentes, dijo a Efe que cree que lo ocurrido es "fruto de la desesperación" de una pareja por tener hijos y de "la dejación de los políticos para regular esta realidad".