El PP explicó ayer su rechazo del plan de ajuste del Ayuntamiento para el pago a los proveedores asegurando, entre otras cosas, que es "un nuevo ejercicio de demagogia" del Gobierno local, que prioriza "la subida de tasas e impuestos, la retirada de las actuales bonificaciones fiscales y la labor inspectora para recabar más ingresos", así como que ha carecido de un "análisis detallado" con "más participación" de la oposición municipal.

Según los populares, "el 75% de la facturas pendientes de pago del Ayuntamiento se debe a la gestión de los socialistas, lo que demuestra la mala gestión económica del Gobierno PSOE-CIS, que está agrandando el agujero de las arcas municipales en más de 5,6 millones de euros anuales". "Ahora, tras cinco años de gestión, necesita tapar su nefasta gestión económica solicitando un crédito de 28 millones de euros, que se corresponde totalmente con la multiplicación del déficit de esos cinco años de gobierno", dijeron.

Este partido de la oposición quiso dejar claro que ha votado en contra del plan de ajuste "por varias razones, aunque nunca para ir en contra de los proveedores del Ayuntamiento, como quiere hacer creer el Gobierno local". El PP, aseveró, "no rechaza el pago a los proveedores, sino un plan de ajuste que hasta el propio CIS reconoce que no se va a cumplir y sobre el que vierte serias dudas".

Por su parte, IU considera que el plan de ajuste "demuestra que el PSOE de Irene García comulga plenamente con las políticas de subidas de impuestos y recortes sociales y laborales del Gobierno central del PP". Para los izquierdistas, "con este plan de ajuste es imposible que el Gobierno PSOE-CIS cumpla mínimamente con los gastos sociales, cada vez tendrá más problemas para mantener determinados servicios y, sobre todo, aumentarán las dificultades para hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores municipales, ya que la norma cambia la prelación de pago, estableciendo que los primeros en cobrar sean los bancos y después los trabajadores". "Esto indica que el equipo de Gobierno tendrá que hacer desde el año 2013 en adelante una subida brutal de impuestos y tasas locales y plantearse recortes de plantillas tanto en las empresas municipales como en el propio Ayuntamiento, más allá de establecer la tasa cero de reposición" de empleo público.

IU opina que "el Ayuntamiento debe pagar sus deudas a los proveedores, pero éstas no deben ser una excusa para perpetrar recortes sociales y laborales, y aprobar subidas abusivas de impuestos en una ciudad como Sanlúcar, con miles de parados y cientos de familias sin ningún ingreso".