Provincia de Cádiz

Los criterios para los despidos centran el juicio por el ERE de Jerez

  • Deloitte alega que no hay evaluaciones por escrito a causa de las amenazas que recibían los técnicos

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acogió ayer el juicio por el Expediente de Regulación de Empleo del Ayuntamiento de Jerez, que supuso el pasado verano el despido de 260 trabajadores municipales. Una vista presidida por la magistrada y presidenta de la Sección Primera del TSJA, Ana María Orellana, que estará, hasta conocerse la sentencia, en el punto de mira de otros muchos consistorios que estudian ahora la posibilidad de tomar o no la misma medida, ante la escasa jurisprudencia que hay actualmente sobre los ERE en administraciones públicas.

Precisamente para asistir a este esperado juicio, poco antes de la diez de la mañana alrededor de medio centenar de personas esperaba el inicio ayer en el interior del Palacio de Justicia de Sevilla. Las partes afectadas (representantes del Ayuntamiento de Jerez y sindicatos) aguardaban el comienzo de la vista a distancia.

Delegados municipales como Antonio Saldaña, Javier Durá o Lidia Menacho, entre otros, contaban los minutos antes de entrar a escuchar los argumentos de la abogada de Deloitte, empresa que gestionó el ERE y ahora la defensa del Consistorio. Al otro lado de la estancia, representantes de CGT, UGT, CCOO, CTP y ATMJ esperaban también. Cada parte con sus expertos, sus pruebas y sus testigos.

La letrada de Deloitte fue la primera en presentar sus argumentaciones para defender que, a su parecer, el Ayuntamiento actuó en todo momento según la ley. Durante casi una hora y media, la abogada detalló los antecedentes del ERE, bien conocidos a estas alturas: "Bastante desorganización en el Ayuntamiento, sin RPT, plantilla excesiva, 70% de personal laboral, déficit presupuestario de 50 millones, deuda con Seguridad Social de 109, PIE retenida...". La representante legal del Consistorio recordó también la aprobación de los créditos ICO por parte del Gobierno central y como, para acogerse a estos préstamos, era necesario un duro Plan de Ajuste dentro del cual se contempló el ERE "como una medida" con otras muchas más.

La letrada incidió igualmente en el "esfuerzo" realizados por el Ayuntamiento para minimizar el daño en la plantilla, destacando que en un primero momento se barajó el despido de casi el doble de los 300 trabajadores que se fijó al inicio de ERE. En la misma línea, recalcó que "sólo un sindicato" propuso otras medidas durante el procedimiento aunque, según dijo, o no eran viables o ya se había tomado o estaban proyectadas.

Los criterios y su objetividad, otro de los asuntos denunciados en numerosas ocasiones por los sindicatos, también centró el discurso de la letrada de Deloitte. Detalló, por ello, que 134 de los despedidos eran mayores de 59 años. Respecto al resto, a los que se les aplicó polivalencia, competencia, etc., explicó que a cada delegado se le preguntó de qué personas no querían prescindir teniendo en cuenta el conocimiento propio que cada responsable municipal tenía sobre la plantilla, las observaciones e indagaciones, el contacto con otros delegados así como el contacto formal o informal con técnicos.

Pero la gran pregunta era: ¿por qué no existía ningún informe sobre estas observaciones/evaluaciones? Pues según la letrada, ningún técnico ni responsable municipal quería firmar ningún papel al respecto ni señalarse porque fue un "proceso muy tenso" y hay técnicos que sufrieron "amenazadas de muerte", "insultos", "les escupían", o sufrían "la presión mediática", citó como ejemplos.

Por su parte, los sindicatos alegaron individualmente la necesidad de declarar la nulidad del ERE por diversos motivos como los defectos en el proceso de negociación, no ajustado a la normativa, según relataron. Desde CTP hicieron hincapié en que un Ayuntamiento no es una empresa privada, "no todo vale". Recordó también que, en un principio, se anunciaron 300 despidos y el periodo de consultas terminó con el anuncio de 273 despidos. Posteriormente, tras terminar este proceso, el número de afectados por el ERE quedó en 259 . "¿Cómo se hizo?", cuestionó Antonio Ortega por CTP. El Ayuntamiento espera la sentencia para "a la vuelta realizar más despidos", dijo.

Los criterios del ERE fueron también muy discutidos por Jacinto Morano (letrado de CGT) quien recordó que el Consistorio no se puede tratar como "un taller" y subrayó que el Ayuntamiento debe dar garantía de la prestación de servicios públicos. Respecto a la "situación caótica" del Ayuntamiento, alegada por Deloitte, Morano señaló que no todo debe imputarse "a la parte débil, a los trabajadores". Y recordó que con la Reforma Laboral para justificar los despidos en Administraciones Públicas "se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida".

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