El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz aclaró ayer que el coste de los catamaranes que cubren el servicio marítimo de transportes entre Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota "no repercute en los municipios consorciados".

En un comunicado, el Consorcio contestó a las declaraciones realizadas ayer por el presidente provincial del PP, José Loaiza, quien pedirá la comparecencia del consejero de Obras Públicas y Transportes, Luis García Garrido, para que "aclare" la situación "extraña" del Consorcio y, especialmente, del transporte marítimo entre Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota.

Loaiza pedirá al consejero que aclare por qué los catamaranes "no son propiedad del Consorcio", sino que son propiedad de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA). Según dijo, "son los municipios quienes tienen que costear el canon de alquiler de los barcos", que cifró en 80.000 euros por barco y año, con lo que "la Junta dice que aporta y luego lo recupera y lo que consigue es asfixiar a las arcas municipales con 240.000 euros anuales" para el alquiler de los barcos de la APPA.

Por su parte, según el Consorcio, es la entidad adjudicataria, Trapsa, quien debe abonar anualmente este canon de arrendamiento a la APPA "sin que dicho coste recaiga en ningún caso sobre los municipios consorciados". La APPA, empresa pública propietaria de los catamaranes que cubren el servicio marítimo, recibe un canon de alquiler anual por parte del Consorcio, cuyo cálculo se efectuó a partir de la estimación por anualidades de la amortización de la inversión total, por un periodo de 15 años y sin ningún tipo de interés adicional.

Dicho canon es abonado anualmente por la empresa adjudicataria Trapsa al Consorcio de Transportes, quien a su vez lo entrega a la APPA, de forma que los municipios no deben asumir ningún tipo de coste por beneficiarse del servicio.

El hecho de que los catamaranes no sean de titularidad del Consorcio es porque, en el momento en que se licitó la construcción de los barcos, el Consorcio "carecía de competencias financieras y administrativas, ya que su labor se limitaba a la coordinación de servicios", concluyó la entidad.