El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes acometer en un año una "reforma integral" de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España, entre ellos los de Algeciras y Tarifa y, antes del año 2022 construirá el nuevo centro en Algeciras, cuya construcción el anterior Gobierno había fijado para 2020.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado los planes de mejora de las infraestructuras de seguridad del Estado, que conlleva una inversión de 850 millones de euros.

Respecto a la construcción del nuevo CIE de Algeciras, éste contará con 500 plazas -205 menos de las previstas inicialmente con Zoido como ministro del Interior- y se edificará sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados que se encuentra junto a la carretera CA-9208, un terreno que fue cedido por el Ayuntamiento de la ciudad en mayo de 2017, pero sobre el que hasta el momento no se había realizado ninguna actuación.

Entre las obras, el Gobierno prevé actuaciones en los CIE, unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Para las obras relacionadas con estos centros, se destinarán 33,6 millones de euros a ejecutar en tres años.

La rehabilitación de estos centros, que se ejecutará en un año, se realizará con el objetivo de alcanzar un nuevo modelo de infraestructura que garantice "un mayor respeto a la dignidad y a los derechos humanos" de las personas internadas. Hay ocho CIE actualmente operando en España: en Tenerife, Murcia, Las Palmas, Valencia, Barcelona y Madrid, un centro ya existente en Algeciras y su anexo en Tarifa. 

Según ha apuntado Grande-Marlaska, con esta remodelación "se atiende" a las observaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, los jueces de control y organismos nacionales e internacionales que señalaban que "estos centros no reunían las condiciones idóneas para albergar y custodiar a las personas objeto de un procedimiento de expulsión a sus países de origen".

"Se trata de un plan urgente de actuación para aproximarlos a los requerimientos legales y humanitarios", ha incidido el ministro, que ha defendido la necesidad de establecer "una nuevo modelo" de CIE que suponga una "mejora sustancia de la calidad" de los internos.

"Muchas de estas instalaciones han envejecido o están en mal estado o han sufrido importantes deterioros en los últimos años por la falta de inversión", ha subrayado el ministro, en referencias a todas las infraestructuras para la seguridad.

Estos tres planes serán ejecutados por parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE).