Provincia de Cádiz

La consejera de Salud niega que la cesión de San Carlos esté bloqueada

  • Sánchez Rubio habla de "opiniones diferentes" pero afirma que las negociaciones siguen abiertas

"Mantenemos una relación normal dentro de un protocolo complejo. Lo que interesa es el final del proceso y todo va bien de momento. Ahora lo que hay son matices, que además ni la Junta ni el Ministerio de Defensa hemos informado de los mismos", manifestó ayer en Cádiz la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, sobre la transferencia del hospital militar de San Carlos, de San Fernando, a la Junta de Andalucía. La consejera negó que se hayan roto las negociaciones entre las dos administraciones: "Para nada, están abiertas. Todas las reuniones mantenidas hasta ahora en el Ministerio han sido de máxima cordialidad y de búsqueda de soluciones. Se está viendo el proceso previo a lo que supone la estatutarización del personal, que es un tema muy complejo que implica la garantía salarial de los profesionales que se transfieren. Hay opiniones diferentes sobre salarios y complementos, pero para nada se ha interrumpido el proceso de cesión. Ni muchísimo menos".

Sánchez Rubio destacó que existe un protocolo firmado donde aparecía que además del edificio, en la transferencia necesaria para el mantenimiento del personal se incluirían todos los complementos de los profesionales. "Ahí es donde hay matices. Pero, vamos, que en una operación de semejante calado y con el interés demostrado por ambas administraciones en que se haga, esto es un paso más", precisó. Por otra parte, hasta que se terminen de ultimar los detalles, la consejera recordó que en el protocolo se firmó que el plazo inicial acabaría en junio, "no el 1 de junio", y que si fuera necesario se ampliará porque "hay que hacerlo de manera natural con todas las garantías para los trabajadores".

Sobre las sospechas de PP, centradas en que la Junta está dilatando las negociaciones porque es incapaz de poner en marcha el hospital, la consejera señaló que "lo que tiene que hacer el PP es no poner más obstáculos en un proceso liderado por las dos instituciones, la Junta y el Ministerio de Defensa, donde hemos mantenido un trato absolutamente exquisito y excelente. No conviene que en un proceso de negociación haya un interés partidista poniendo trabas. Ahora mismo no podemos hablar más que bien de las reuniones. Cada administración, como es lógico, velando por sus intereses".

En la misma línea se expresó el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que ayer precisamente visitó la localidad de San Fernando para participar en un acto político de las elecciones europeas. "Las negociaciones van bien", reiteró. "No hay ningún desencuentro con el Ministerio de Defensa y estamos seguros de que vamos a llegar a un acuerdo". Sobre el estancamiento de las negociaciones, Jiménez Barrios, aseguró que había sido aireado por "voceros del PP" por motivos "puramente electoralistas". El consejero, en este sentido, aludió al "posicionamiento lógico" de una y otra parte en un proceso de negociación y aseguró que desde la Junta se está luchando "por un equipamiento público sanitario de calidad y por unas condiciones óptimas para el personal que se traspasará al SAS".

En el otro extremo, el presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, tildaba la actitud de la Junta de Andalucía de "menosprecio" hacia la ciudad de San Fernando y aseguraba que el Gobierno autonómico "nunca ha tenido intención de poner en funcionamiento el hospital de San Carlos".

El grupo popular en el Parlamento andaluz -anunció ayer Sanz- presentará una proposición no de ley "para instar a la Junta a que firme el convenio, asuma su compromiso y deje de poner trabas a la cesión del hospital".

La Junta, reiteró el presidente de los populares en Cádiz, con el hospital "se ha visto obligada a asumir un compromiso que no pretendía pues ni tiene interés real ni puede tampoco asumir su puesta en marcha". Recuerda el PP que se trata de una cesión gratuita que hace el Ministerio de Defensa, que traspasa además al personal con sus correspondientes retribuciones. "Exigir ahora un millón de euros más tiene el único objetivo de dilatar el proceso, una estratagema para marear la perdiz", asegura Sanz.

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