El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condenaba a dos traficantes a siete años y medio de prisión por intentar introducir en el puerto de Algeciras, a través de un contenedor, 406 kilos de cocaína, cuyo valor hubiese alcanzado en el mercado ilícito los 13,8 millones de euros. Además, les impone una multa de 40 millones de euros.

Según la sentencia, difundida por el gabinete de prensa del TSJA, los hechos se remontan al 12 de enero de 2017, cuando los dos implicados, sin antecedentes penales, trataron de sacar de un contenedor que estaba ubicado en la terminal de contenedores APM del Puerto de Algeciras, unas bolsas de deporte que contenían una sustancia que resultó ser cocaína. Desistieron de su propósito al aproximarse al lugar agentes de la Policía Portuaria.

Para poder acceder al contenedor con la droga, usaron dos chaquetones de color naranja de los usados por el personal que presta servicios en el interior de la terminal APM Terminals. Los chaquetones fueron encontrados en las ruedas de una grúa y uno de ellos contenía AND de uno de los procesados.

Tras ser condenados, los encausados presentaron un recurso contra la sentencia de la Audiencia de Cádiz. Uno de ellos apeló la ilegalidad del uso de las grabaciones de las cámara de seguridad, un argumento éste que ha sido desestimado por el TSJA.

El Alto Tribunal andaluz señala como "evidente y de toda lógica" que, "dada la secuencia de los hechos desde la detección de intrusos junto a una zona en la que se halló un importante alijo de cocaína, hasta la localización de los acusados saliendo del agua en la colindante zona de embarque de ferries Algeciras-Tanger, un mínimo celo en la investigación hacía obligado el examen de dichas grabaciones como en efecto se hizo".

Así, tras desestimar todos los motivos del recurso de los dos condenados, el TSJA ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que imponía a cada unos de los traficantes una pena de siete años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública en relación con sustancia que causa grave daño a la salud, además de una multa de 40 millones de euros.