La pretensión que persigue Rota desde hace casi 30 años de contar por ley con una compensación económica por la servidumbre militar de la Base Naval se encuentra un poco más cerca tras la reunión que la alcaldesa, Eva Corrales (PP), y el primer teniente de alcaldesa, Lorenzo Sánchez (RRUU), mantuvieron el pasado jueves en Madrid con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. El convenio no tiene fecha para una posible firma ni cuenta aún sobre la mesa con una cantidad inicial para empezar a negociar. Pero, por primera vez en muchos años, esta ayuda estatal a la Villa roteña cuenta, al menos hasta la fecha, con el beneplácito del Gobierno central para que termine siendo realidad.

Esta compensación, que fue planteada desde Rota por vez primera a mediados de los ochenta siendo alcalde Felipe Benítez Ruiz-Mateos, y que arrastra una casaca de sentencias y recursos judiciales, entra ahora, por tanto, en su fase decisiva. Serán ahora los técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas los que abordarán los pormenores del convenio y desde el gobierno municipal de Rota se confía en que en unos tres meses pueda haber un acuerdo.

Aparte de Beteta, Corrales y Lorenzo Sánchez, en la reunión del jueves en Madrid estuvieron presentes la secretaria de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, el subdirector general de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, José Joaquín Serrano, y el interventor del Ayuntamiento de Rota, Miguel Fuentes. En la misma se abordó la insuficiencia financiera del Consistorio por la presencia de la Base en su término municipal y se perfilaron, entre otras cuestiones, el número de personas que residen en la Base y que no computan de cara a lo que percibe Rota en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE). Desde el gobierno roteño se estima que esta cifra podrá oscilar entre las 9.000 y las 10.000 personas no empadronadas cuando el próximo año lleguen los cuatro destructores estadounidenses que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN.

La pretensión del Ayuntamiento de Rota es que este convenio marco recoja una partida anual a ingresar por el Estado en las arcas municipales que satisfaga lo que la ciudad no percibe ahora por el padrón, por el Impuesto de Construcciones y Obras (ICO) -que no viene siendo liquidado por las autoridades militares de la Base- y por el IBI de aquellas instalaciones ubicadas en el recinto militar que no están sujetas a la defensa de la nación.

En caso de firmarse, este convenio asumiría además el impuesto de circulación de vehículos de la Base Naval que el Ayuntamiento dejó de cobrar en 2011 y que este año ha quedado restablecido. En concreto, el Gobierno central ha abonado en este 2013 una cantidad de 1,2 millones de euros por este tributo correspondiente a los ejercicios de 2011, 2012 y el año en curso.

Tanto el pago de este impuesto de circulación como la firma de este convenio marco quedaron contemplados en el protocolo de acuerdo que el Gobierno central y el Ayuntamiento firmaron el 28 de diciembre del año pasado.