El Gobierno ha dispuesto que haya agentes especializados en la violencia machista en todas las comisarías y revisará el protocolo de valoración del riesgo con "planes personalizados" para la protección de las mujeres, mediante un grupo de trabajo que tratará de mejorar la situación actual.  Las víctimas sabrán "en todo momento" cuál es la situación penitenciaria del agresor y además conocerán cualquier resolución de los juzgados de vigilancia penitenciaria. 

Éstas son algunas de las medidas acordadas ayer por los ministros de Sanidad, Servicios e Igualdad, Ana Mato; Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; e Interior, Jorge Fernández Díaz, para reforzar la protección a las víctimas, tras el repunte del número de asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. 

Los tres ministros dispusieron que todas las comisarías de la Policía Nacional y los cuartelillos de la Guardia Civil cuenten con agentes especializados en violencia de género y que las víctimas de maltrato machista que tengan a su agresor procesado, con orden de alejamiento o en la cárcel sean informadas de sus movimientos.

En el grupo de trabajo se integrarán miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Instituciones Penitenciarias, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y Ministerio de Justicia, según informó el departamento que dirige Ana Mato. 

Los ministros mostraron su más enérgica condena ante los últimos casos, ocurridos el pasado fin de semana en Tarragona y Jerez de la Frontera, que elevan a 21 las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.  Además, otra mujer fue   agredida en Alicante con un arma blanca supuestamente por su marido, que ha sido detenido, y permanece ingresada en la UCI.

La revisión de las medidas actuales persigue tener constancia "permanente" de la situación en la que se encuentran las víctimas de mayor vulnerabilidad, y analizar las medidas y recursos que tengan a su disposición. 

Para ello se actualizará el protocolo para la valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer, incluyendo un nuevo cuestionario, con datos como la situación laboral de la víctima y su agresor, factores de vulnerabilidad, como la discapacidad o el hecho de ser menor de edad o tener menores a su cargo, que, en todo caso, tendrán el mismo tratamiento que las mujeres, así como factores de peligrosidad del maltratador. 

En la actualidad, precisa Sanidad, alrededor de 46.000 casos de entre los evaluados no revisten riesgo a tenor de los protocolos establecidos, razón por la que se revisarán periódicamente los considerados de "riesgo no apreciado". El sistema, que en la actualidad envía una alerta cada cuatro meses a las unidades, podría reducir este tiempo a tres meses para mejorar la vigilancia. 

Las víctimas estarán informadas en todo momento de la situación penitenciaria de su agresor detenido y se les notificarán las resoluciones que se refieran a la ejecución de la pena. Con el objetivo de perfeccionar la valoración urgente de los casos, los ministros han acordado mejorar los protocolos médico-forenses. 

También se mejorará la conexión entre Instituciones Penitenciarias y el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (Viogen), al tiempo que se adoptarán actuaciones para interconectar las bases de datos de los tres ministerios y de las comunidades autónomas. 

Además, los juzgados de violencia sobre la mujer ampliarán su ámbito de competencia y conocerán delitos que corresponden actualmente a los juzgados de instrucción. Además de instruir casos relativos a homicidio, lesiones o contra la libertad sexual y la integridad moral, conocerán los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen y contra el honor de la mujer. 

El nuevo delito incluido en la reforma del Código Penal, el ciberacoso, y otros como injurias o revelación de secretos pasarán a formar parte del ámbito de actuación de los juzgados de violencia sobre la mujer. 

Finalmente, el juez tendrá la obligación de pronunciarse de oficio en la comparecencia de la orden de protección cuando existan hijos menores, una pauta que actualmente asumen sólo si se lo piden las partes o el Ministerio Fiscal.