El destino de la antigua fábrica de Delphi, en Puerto Real, sigue sin estar claro. Después de años de procedimiento concursal, la única realidad es que los suelos de la factoría que llegó a albergar a 1.900 trabajadores siguen sin ser de interés para nadie, ni público ni privado. Además se da otra circunstancia: la pretensión por parte de los administradores concursales de proceder al derribo de las instalaciones para, con la chatarra resultante, abonar la deuda contraída con los acreedores, tampoco serviría ya.

Según ha podido saber este periódico, el precio de la chatarra ha descendido hasta tal punto que, en caso de optarse por la demolición, tan sólo se cubriría el 5% de la deuda que aún se mantiene desde que la fábrica cerró en el año 2007.

Es más, aunque aún hay propuestas sobre la mesa de los administradores concursales, de las cinco iniciales hay al menos una que habría desistido precisamente por este motivo. No sería rentable para ninguna parte. Hay que tener en cuenta que la última tasación que se realizó a los terrenos de Delphi valoraban las instalaciones en unos 14 millones de euros, incluyendo suelo y naves. Ese precio, con el paso del tiempo y el deterioro evidente de la fábrica, se reducido notablemente, a lo que se une la devaluación del precio de la chatarra.

Por otro lado, el interés de un posible comprador sigue siendo nulo. Ni la división en cinco parcelas de menor superficie aprobada el pasado verano por el Ayuntamiento de Puerto Real ha dado resultado, y no se ha presentado oferta alguna.

Incluso, por parte de la Administración concursal, encargada de lidiar con esta tarea, ha llevado a cabo una campaña internacional para dar con algún interesado. Ningún resultado.

En espera sigue también la oferta lanzada en su día por parte de la Junta de Andalucía para que estos terrenos se incorporaran, previo acuerdo con la Zona Franca, dentro del proyecto de Las Aletas, algo que en principio el Gobierno central descarta y que fue motivo de enfrentamiento político entre las partes.

Por parte sindical parecen haber quedado en un incierto parón todo tipo de reivindicaciones, más allá de las demandas interpuestas por UGT y USO contra la Administración autonómica por lo que consideraron ruptura unilateral del protocolo firmado hace nueve años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no dio la razón a los sindicatos.

Mientras, un reducido grupo de extrabajadores mantiene su encierro en el edificio de los sindicatos de la capital gaditana. Son ya más de mil días mientras la fábrica y sus reivindicaciones se vienen abajo.