El caso de la Operación Toscana desplegada por la Guardia Civil por supuesta explotación sexual contra los clubs de alterne de la familia Galán experimentó a primeras horas de la tarde de ayer un inesperado vuelco judicial. La balanza se terminó inclinando hacia la familia propietaria de los seis hoteles cerrados, cinco en Cádiz y uno en Málaga.

La nueva juez al cargo del caso, una sustituta enviada al Juzgado de Instrucción Número 1 de Chiclana, decretó al filo de las cuatro y media de la tarde libertad y sin el pago de fianza alguna para las siete personas que habían sido encarceladas 13 días atrás por el provisionalmente magistrado al frente de la instrucción (el titular del Juzgado 5, por baja de la titular del 1): el patriarca, Juan Galán, su hijo, el ex torero Juan Pedro Galán, el supuesto testaferro y otros empleados y encargados de sus clubs.

La magistrada tomaba tal determinación muy pocas horas después de haber dictado un auto en el que acordaba mantener la prisión provisional para el patriarca, de 71 años, aunque autorizando su salida de prisión para dirigirse a su casa bajo arresto domiciliario por su delicado estado de salud debido a sus dolencias cardiovasculares.

Lo hizo tras recomendar el fiscal (el mismo que paradójicamente, se había opuesto a que abandonara la prisión Juan Galán al considerar que su salud no empeoraría en la cárcel) la excarcelación de todos los acusados de tres delitos: favorecimiento de la prostitución, asociación ilícita y blanqueo de capitales "o alternativamente delito fiscal". De este modo, no han tenido que aguardar a que la Audiencia Provincial resuelva los recursos interpuestos contra sus autos de prisión, pudiendo abandonar la cárcel de Puerto 2.

A las seis menos diez de la tarde se presentaba en la prisión de El Puerto un agente judicial con las órdenes de libertad. Y los siete encarcelados comenzaron a abandonar la cárcel al filo de las ocho y veinte de la tarde, en medio de desagradables incidentes protagonizados por familiares y allegados, que intentaron entorpecer la labor de los medios de comunicación que aguardaban la salida, llegando a zarandear a fotógrafos y cámaras.

En paralelo, la juez, dado que decretó la libertad sin el pago de fianza alguna para el patriarca, el ex torero y los empleados a los que se les achaca mayor nivel de implicación en la supuesta organización que explotaba mujeres, según las investigaciones de la Guardia Civil, acordó la devolución de las cantidades que el juez fijó para la mujer de Juan galán, Isabel Aguilar, su hija Rocío Galán, y otros cuatro empleados. Porque de los 15 detenidos en la Operación Toscana, sólo dos quedaron en los compases iniciales de la instrucción en libertad con cargos pero sin fianza alguna.

A la hora de abogar por la excarcelación, el fiscal adujo que ya se había avanzado bastante en la investigación para que no hubiera riesgo de destrucción de pruebas, uno de los motivos del inicial envío a prisión. Además, desde el Ministerio fiscal también se habría esgrimido que la instrucción se presuponía todavía aún muy larga (para la semana que viene hay fijadas más declaraciones de testigos) como para mantener la prisión incondicional para los imputados, sin olvidar que a la familia se le han intervenido además numerosas propiedades y bloqueado cuentas bancarias por un valor estimado de más de 50 millones de euros. A todo ello hay que agregar también el cierre cautelar de los clubs, recurrido también ante la Audiencia por la familia, motivo por el que no pueden incurrir en reiteración delictiva.

Los abogados de los detenidos, empero, apuntan otra explicación bien distinta del vuelco judicial que ha experimentado el caso. Y es que, a juicio de José Luis Tellado, letrado de buena parte de los encausados, la petición del fiscal de excarcelación, y el subsiguiente auto judicial en ese sentido, estarían motivados por haberse constatado que "sigue sin aparecer ninguna mujer que testifique que ha ejercido la prostitución en algún club de alterne de los Galán coaccionada". Y es que, según Tellado, las nuevas cinco prostitutas buscadas por la Guardia Civil que ayer prestaron declaración en el Juzgado "volvieron a decir lo que ya dijeron el pasado miércoles las otras testigos y hasta las iniciales protegidas: que todas han ejercido libremente la prostitución en los hoteles de la familia". Con lo cual, sentencia, "no existe el delito de favorecimiento de la prostitución y por ende, tampoco el de asociación ilícita". Otro cosa es el "blanqueo o delito fiscal", más que nada porque no hay que olvidar que bajo el jacuzzi del patriarca la Guardia Civil halló medio millón de euros.

"Tenían que rectificar y lo están haciendo aunque tarde. Pero no ha sido un día de alegría como dice uno de mis compañeros en la defensa de los imputados, sino de tristeza de ver cómo han enviado a la cárcel a gente inocente. Porque en este caso, que estamos convencidos se archivará, ha habido mucha vulneración de derechos", agregó Tellado, que no descartó que los Galán emprendan medidas legales por su detención y excarcelación.