Consecuencias de la crisis económica El deterioro de la gestión municipal

Los ayuntamientos pagan muy tarde y agudizan la asfixia de las pymes

  • La Administración tarda una media de nueve meses en abonar a los proveedores cuando el límite legal son 60 días · Más del 80% de las empresas admite tener problemas para cobrar, pero no reclaman públicamente "por miedo a ser vetadas"

Ésta es la situación en un departamento contable de una empresa cualquiera en un día cualquiera del último año: el cliente aplaza o no paga las facturas, el proveedor reclama el cobro de sus productos o servicios prestados y los bancos cortan la póliza de crédito concedida desde tiempos inmemoriales porque ya no se fían, incluso aunque el negocio mantenga una cierta estabilidad. Conclusión: el dinero no entra ni sale y la caja se queda tiesa, no hay liquidez. Ésta es, a modo esquemático, la crisis vista desde la iniciativa privada. La confianza está por los suelos y nadie se fía ni de su sombra.

Pero ahora hay un nuevo convidado a la mesa de las desgracias económicas de las empresas: la administración... ese cliente conocido por pagar tarde y mal, pero el más seguro porque acaba pasando por caja. Esa pequeña obra en una carretera de la Sierra, el corrimiento de un tabique en el despacho de Alcaldía o las botellas y botellas de agua que se consumen en los días de Pleno. Estas alternativas, vitales para negocios vinculados con la construcción, se están trocando en una trampa para aquellas pequeñas y medianas empresas que han subsistido o recurrido a los contratos públicos para sobrevivir a la crisis.

El problema surgido en los últimos meses es que las corporaciones locales están retrasando en exceso el pago a los proveedores y, con ello, contribuyen al estrangulamiento de las pymes. "Si quien tiene que dar ejemplo tampoco cumple...", razona un empresario al que el Ayuntamiento de La Línea le debe casi 300.000 euros desde hace 20 meses.

Las voces sobre este conflicto con las entidades locales se han multiplicado en las últimas semanas. La última ha provenido del Consejo General de Cámaras de Comercio. Según una encuesta sobre el acceso de las pymes a la financiación, el 82,2% reconoce haber tenido dificultades para saldar sus deudas con la Administración en los últimos tres meses, pero, además, el 60,3% sostiene que la factura impagada ya coge polvo porque data de hace seis o más meses. Sólo el 23,3% está dentro del primer trimestre.

Este estudio pone cifras a una realidad crucial para las pequeñas y medianas empresas porque, según concluye, el 20% de éstas presta algún tipo de actividad o tiene una dependencia indirecta con la administración pública. En la provincia de Cádiz, el censo total de negocios es de 64.505 y de ellos, sólo el 0,8% tiene más de 50 trabajadores. El resto, 63.968, son actividades menores y si se considera esa referencia del 20% -creíble en esta provincia dado el alto grado de dependencia de lo público-, supone que casi 13.000 negocios se nutren, en mayor o menor medida, de fondos públicos.

Otra voz, cada vez más fuerte en el sector, es la de la Asociación Española para la Prevención de Impagados y Morosos, que aunque dada de 2004, ahora ha cobrado un gran protagonismo como forma de presión colectiva ante la Administración. Según este colectivo, la mora media actual es de nueve meses. Otros colectivos la sitúan en ocho meses. En cualquier caso, el plazo excede, en demasía, del máximo establecido por la Ley de Contratos del Estado, que es de 60 días desde la emisión de la factura. A partir de ese momento, empiezan a gravarse intereses de demora a razón del Euríbor más siete puntos (según la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad). Pero si las deudas no se pagan, los intereses, menos y se llega al paroxismo de "intentar cobrar intereses sobre intereses no pagados", según exponen economistas y abogados en el blog 'www.riesgoymorosidad.com'.

La causa de esta mayor dilación en los pagos es la gran bajada de la recaudación, tanto la propia por la caída de la construcción (impuestos de obras y licencias de apertura, fundamentalmente), pero también de la participación que las corporaciones locales tienen en los ingresos estatales (PIE), que no corresponde a una cantidad fija, sino a un porcentaje en función de una baremación por aportación, población o capitalidad.

Las corporaciones locales no respetan los tiempos, son incapaces de fechar los abonos -fundamental para la gestión tanto pública como del acreedor- e incurren en impagos, pero, a diferencia del resto, estos tienen un gran inconveniente: la administración es inembargable. La desventaja es obvia porque, a diferencia de cualquier otro cliente moroso privado, el empresario puede reclamar judicialmente el abono de la deuda a los tribunales superiores de justicia pero no caben medidas coercitivas como el embargo de bienes para sufragar la deuda. Las pymes están atadas de pies y manos y, además de la impotencia frente a la administración, se ven obligadas a guardar silencio por miedo a represalias y a sufrir el veto de la corporación morosa en futuras contrataciones y licitaciones públicas, según se constata en organizaciones y particulares gaditanos.

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