Provincia de Cádiz

Los ayuntamientos "tienen pocos medios" para demoler casas ilegales

  • La consejera de Medio Ambiente dice que están analizando "concienzudamente" los incumplimientos

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, dijo ayer que este departamento está haciendo un trabajo "muy concienzudo" para analizar la problemática de los incumplimientos de sentencias de derribo de viviendas irregulares.

María Jesús Serrano informó de que el gobierno andaluz hace este análisis tras mostrar su "respeto" por el informe que ultima la Fiscalía de Cádiz, que, según publicó ayer El País, alerta que de las 43 órdenes judiciales para tirar construcciones sin licencia en la provincia, sólo se han ejecutado cuatro en los últimos cuatro años y critica la actuación de los ayuntamientos en este ámbito ya que son los que tienen las competencias en disciplina urbanística.

La consejera apuntó que el gobierno andaluz entiende la reivindicación de la Fiscalía de Cádiz respecto a la obligación de que las sentencias se cumplan porque "la normativa está para cumplirse y es necesario que se cumpla".

No obstante, Serrano apuntó que los ayuntamientos "tienen pocos medios y pocas herramientas" para hacer cumplir estas sentencias. "Estamos ante una problemática complicada", dijo la consejera para explicar después que desde la Consejería que preside "se está haciendo un trabajo muy concienzudo, muy específico" para analizar la situación "en toda Andalucía", donde se dan "situaciones muy diversas".

La consejera insistió en que es "difícil dar una solución general, una respuesta rápida a un problema que viene dándose desde hace mucho tiempo".

La Junta tratará de llevar a cabo este trabajo "con la mayor solvencia", señaló. "Y siempre poniéndonos a disposición de los ayuntamientos, que son los que tienen competencia en disciplina urbanística, para ayudarles y asesorarles y a disposición de la Fiscalía para cualquier cuestión que nos demande", precisó.

La consejera comentó que "los ayuntamientos tienen que cumplir con sus competencias", aunque desde la Junta, que tiene un plan de inspecciones y actúa subsidiariamente en los casos en los que las sentencias lo establecen, se les ofrezca "ayuda, diálogo y colaboración".

"La construcción fuera de ordenación es una materia complicada, problemática, donde tenemos que tener en cuenta que durante mucho tiempo la percepción de la ciudadanía y de la sociedad era de no tener conciencia de que se cometía un acto delictivo o una falta administrativa", una percepción que a las administraciones les ha costado "trabajo" cambiar, dijo María Jesús Serrano.

Por su parte, la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, criticó ayer la "pasividad" existente en la ejecución de sentencias con órdenes de derribo de construcciones ilegales aunque matizó que la demora en la ejecución de dichas sentencias "es un atraso que el sistema judicial permite, aunque se incurra en el abuso de Derecho en muchas ocasiones".

Ayuso, confirmó que la Fiscalía de Cádiz ya tiene ultimado un inventario de sentencias con órdenes de derribo de viviendas ilegales sin ejecutar en el área de la Bahía de Cádiz y la comarca de la Janda. Según ese inventario, de las 43 órdenes para tirar construcciones sin licencia se han ejecutado cuatro en los últimos cuatro años. De las 39 restantes, en dos ocasiones la demolición ha sido ya completamente descartada. Algunos de los procedimientos judiciales reflejados en el inventario se remontan hasta el año 2007.

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