-¿Qué balance hace del curso que acaba de finalizar?

-Personalmente me encuentro moderadamente satisfecha. Soy consciente de que, con el volumen de centros, alumnado, profesorado, padres y madres que se administran desde esta Delegación Provincial no se puede dar satisfacción ni atención personalizada a todos, pero al menos lo intentamos. Por otra parte, este ha sido un año en el que se han puesto en marcha una serie de innovaciones y parece que han dado buen resultado. Me refiero, por ejemplo, al nuevo sistema de sustituciones del profesorado. En la provincia se tarda en torno al día y medio en sustituir a un profesor. Prueba de ello sería el bajo nivel de incidencias que se reflejan en los medios de comunicación. Por lo demás, hemos continuado con los respectivos desarrollos de los Planes y Programas que tiene la Consejería y que, a pesar de los difíciles momentos económicos que atravesamos, se mantienen. Además, la Consejería ha destinado más de 38 millones a la adquisición de portátiles y demás material informático para el próximo curso.

-¿Cómo han reaccionado los ciudadanos ante el cambio en las zonas de influencia de los colegios?

-No me consta que hayan existido protestas más allá de alguna valoración aislada de alguna Flampa, pero que tuvo un carácter muy genérico y que en ningún momento entró en el fondo de la cuestión. La razón que estuvo detrás de ese cambio es que no podían existir zonas distintas para los centros públicos y para los concertados. De esa manera, el máximo posible de población ha tenido acceso y posibilidad de solicitar un centro público y concertado, pero en cualquier caso, no estamos cerrados a futuras modificaciones que mejoren la zonificación.

-Este curso ha habido muchísimas quejas por el mantenimiento de los colegios, algo que es competencia de la Administración local pero, ¿puede hacer algo la Delegación para presionar sobre este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de higiene y seguridad de los niños?

-Poco puede hacer la Administración educativa más allá de recordar a los municipios sus deberes legales.

-¿No se abusa demasiado de las aulas prefabricadas, una medida que debe ser sólo provisional y para casos puntuales?

-No. Es una solución provisional para resolver problemas de escolarización mientras se construyen las nuevas infraestructuras, de modo que siempre serán necesarias. Son edificios dignos y bien equipados, incluso con aire acondicionado.

-El inicio del curso estuvo marcado por las protestas de los colegios rurales con primer ciclo de Secundaria (semi-D). Los padres de alumnos de la zona rural siguen temiendo la desaparición de este tipo de centros. ¿Cuál es de verdad su futuro?

-Los padres y los propios centros semi-D tienen el compromiso de que se va a mantener la oferta educativa y de servicios -transporte, comedores, aula matinal...- que cuentan en la actualidad. Con eso debería bastar. Otra cosa es la instrumentalización política que se haga de este colectivo, porque es obvio que se hace. Si no, dígame a qué vino la última movilización, en periodo preelectoral, cuando ya los centros habían recibido la citada confirmación por escrito. Si es que ha habido casos de pueblos en los que miembros de las Ampas se han dirigido a nosotros denunciando el uso -mal uso habría que decir- de los fondos de la asociación para la contratación de autobuses para manifestarse en Cádiz. Y todo ello sin ser aprobado por el respectivo Ampa. Aquellos que han hecho bandera de los semi-D en la batalla política no han obtenido mucho rédito electoral.