“No he visto en mi vida, jamás, un atún maltés. No sé ni cómo son. Nuestra empresa no tiene nada que ver con esto y los investigadores nos lo han dicho. A mí me parece bien cualquier operación que sirva para limpiar el sector porque es bueno para el atún y vivimos de la de la credibilidad del consumidor, pero que no nos salpique a nosotros. Todos nuestros papeles están en regla, están mirados y no hay nada irregular”.

El que habla es Pedro Muñoz, uno de los hermanos fundadores de Petaca Chico, socio y administrador de la almadraba de Barbate. Petaca es una de las dos empresas gaditanas que figura en las diligencias del Seprona en la Operación Tarantelo, que tiene el foco en una empresa murciana que pudo haber introducido en el mercado atún de Malta sin control en el mercado, generando un fraude próximo a los 25 millones de euros.

La principal empresa investigada es el Grupo Fuentes, ubicada en Cartagena. Una de sus ramas es socio inversor de la almadraba de Barbate, aunque, segúnMuñoz, no tiene ningún acceso a la gestión y administración de la misma. Sin embargo, Petaca aparece en una de las diligencias de la investigación por la venta de unos atunes en Valencia cuya documentación se duplicó. Es decir, el DNI, por así llamarlo, de esos ejemplares se utilizaron para documentar otros ilegales. Debido a ello, el comercial que realizó la operación y dos empleados de Petaca acudieron a declarar y, durante el tiempo que duró esa declaración, fueron considerados detenidos. A continuación salieron en libertad.

“El género (atún rojo) fue vendido a hermanos Garrido que después lo vendió a pescados y mariscos Rafael Campoy . Lo que otros hayan efectuado en el documento o las posibles manipulaciones efectuadas no pueden ser imputadas a Petaca . Comprendo el celo de los guardias civiles pero no comparto sus opiniones y una generalización injustificada del caso a otras empresas puede ocasionar un enorme daño a una empresa del sector que se ha ganado su prestigio a pulso ”, afirma Javier Gimeno, abogado de la firma Petaca.

Petaca no es la única empresa gaditana que aparece en las diligencias. La otra es PesConil, creada por los hermanos Andrés y Juan Antonio Rodríguez en 2009. Era una firma pequeña de distribución de pescado a minoristas que ha crecido en muy poco tiempo. De los casi 80 detenidos en esta operación en toda España, los otros tres de la provincia forman parte de esta empresa, a la que se le acusaría de haber ayudado, presuntamente, al mayorista Fuentes de haber distribuido atún sin el control administrativo pertinente.

Vídeo: Así funcionaba la red de venta de atún rojo ilegal

La investigación, según las diligencias, sitúa mucho más el foco en Pesconil. Una de las pruebas que maneja el Ucoma en la Operación Tarantelo tiene que ver con grabaciones telefónicas realizadas con permiso judicial. En ellas aparecería una conversación de esta empresa gaditana, aunque no se conoce hasta qué punto es incriminatoria. La acusación que el fiscal realizará con toda probabilidad será la de delito contra la salud pública, falsedad documental y blanqueo de capital, aunque en muy distintos grados entre los numerosos detenidos.

Por su parte, Gadira, la empresa distribuidora de todos los productos relacionados con el atún y que está vinculadaen buena medida a la familia Crespo, cabeza visible de la OPP-51que explotan las otras tres almadrabas de la provincia, hizo público ayer un comunicado en el que mostraba su satisfacción por la Operación Tarantelo.

“Como hemos defendido siempre, la pesca ilegal de atunes rojos va tanto en contra de la sostenibilidad de la propia especie como del sector y, muy especial, del cliente, que en los últimos años viene siendo objeto de numerosos fraudes. Tal y como es conocido por nuestros clientes, el atún rojo salvaje de almadraba que comercializamos bajo la marca Gadira procede única y exclusivamente de las almadrabas de Conil, Zahara y Tarifa, estando garantizada su procedencia al cien por cien a través de rigurosos controles”, dice.