Costa Noroeste Agricultores unidos ante el cobro “injusto” de la Junta

  • La asociación de afectados acuerda crear con otras organizaciones una plataforma contra “el pago de diez millones de euros por unas obras de hace 30 años”.

Un momento de la reunión convocada por la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste. Un momento de la reunión convocada por la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste.

Un momento de la reunión convocada por la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste.

La Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste ha acordado en una reunión crear una plataforma contra “el pago de diez millones de euros por unas obras de hace 30 años” que exige la Junta de Andalucía a 2.700 comuneros de Sanlúcar, Rota y Chipiona.

Al encuentro, convocado con el respaldo de las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA, asistieron en señal de apoyo cargos públicos como el alcalde chipionero, Luis Mario Aparcero (Unidos por Chipiona), y la diputada provincial y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sanlúcar, Carmen Álvarez. La plataforma planteada espera reunir la adhesión de instituciones, partidos políticos, sindicatos, entidades sectoriales y demás colectivos de la comarca, según ha informado la asociación a este medio precisando que se ha marcado como objetivo inmediato elaborar un calendario de movilizaciones para plantar cara a la Administración autonómica ante ese cobro “injusto” que se traduce en cuantías individuales que varían en función de la superficie de los cultivos, a razón de casi 1.600 euros por hectárea.

Los afectados han presentado sin éxito sendos recursos ante la Junta y en la actualidad están a la espera de correr mejor suerte en la vía judicial de lo contencioso-administrativo. Además, en un nuevo escrito dirigido a la Junta solicitan la “suspensión” de ese cobro basándose en que está recurrido en los juzgados y en tales circunstancias resulta “perjudicial para los pequeños agricultores”.

La asociación ha explicado que en una reunión que mantuvo la semana pasada con el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez (PP), este “se comprometió” a estudiar la posibilidad de que la Junta declare la “lesividad” del polémico cobro, dados “los perjuicios económicos que supone para los agricultores de la zona”, de manera que, en primera instancia y con independencia de la resolución judicial, “dé marcha atrás” y no reclame ningún pago a los comuneros.

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