El Gobierno municipal anunció ayer que "en breve" se reanudarán las obras de construcción del aparcamiento subterráneo proyectado por el Ayuntamiento en la barriada María Auxiliadora, conocida como las 512 viviendas.

De acuerdo con la información facilitada por el Gobierno local, han sido 16 las empresas que han participado en el proceso de licitación convocado por el Consistorio al objeto de adjudicar la finalización de los trabajos previstos. "Con las ofertas ya sobre la mesa, el Ayuntamiento está siendo sumamente exigente para que la empresa a la que se adjudique esta importante obra ejecute este aparcamiento con las máximas garantías y dentro del precio de licitación establecido", añadió.

El equipo de Gobierno subrayó que "después de años de lucha y de procesos judiciales para rescindir el contrato con la anterior empresa adjudicataria, que no se acogió a las condiciones del mismo, obligando al Ayuntamiento a paralizar la obra, se da ahora un paso muy importante y esperado, ya que permite arrancar de nuevo esta construcción y materializar el compromiso adquirido con los vecinos de esta barriada, que han sido testigos de las vicisitudes y han soportado los inconvenientes por los que ha pasado este proyecto que finalmente se ejecutará, haciendo así realidad este tan demandado y necesario aparcamiento subterráneo".

De este modo, "no ha sido hasta hace unos meses, una vez resuelto el citado contrato judicialmente, cuando el equipo de Gobierno ha podido retomar los trabajos", cuyas gestiones comenzaron, según ha explicado la coalición Roteños Unidos (RRUU)-PP, en el pasado mandato, "ya que fue en 2007 cuando se aprobó el pliego de condiciones y se adjudicó la obra a una de las cuatro empresas que licitaron, MAB Obras Públicas", que registró una oferta con un importe total de unos 2,66 millones de euros ante los casi 2,88 millones del precio de salida.

El entonces alcalde, Lorenzo Sánchez, actualmente concejal gobernante de RRUU, recordó ayer que "el Ayuntamiento tuvo que paralizar el proyecto ante la actitud de esa empresa, que no presentaba el seguro de responsabilidad que se le exigía, no asumía los gastos derivados de los desperfectos que había causado en la barriada y exigía al Consistorio que se le pagara 500.000 euros más, aludiendo a que no le salían los números". "El Ayuntamiento no podía ceder y tomó la responsable decisión de parar las obras, anteponiendo la seguridad del proyecto y las condiciones del contrato a las críticas que esta paralización provocase", agregó antes de acusar al PSOE de mantener una "actitud de crítica feroz al Consistorio" pese a "conocer los motivos más que razonables" de esa determinación.