Provincia de Cádiz

El anuncio de un trato especial por la Base no lleva la tregua a Rota

  • El PSOE lo ve "un chasco monumental" y el gobierno local vaticina un aumento de un 30% en los fondos del Estado

El anuncio del paso dado por el Grupo Popular en el Senado para conseguir que el Estado termine aprobando un trato especial o compensación económica a Rota por la servidumbre militar que soporta por la Base Naval no ha llevado tregua política alguna a esta localidad gaditana. Bien al contrario, el PSOE, en su calidad de primer partido de la oposición, calificó ayer de "chasco monumental" esta iniciativa, ya que entiende que no tiene en cuenta las reivindicaciones históricas de esta ciudad. Por su parte, el gobierno local (PP y Roteños Unidos) volvió a reiterar su satisfacción con la misma y cifró en torno a un 30% el incremento que experimentarán los fondos que llegarán a Rota provenientes de las Participaciones en los Ingresos del Estado (PIE).

Curiosamente este cruce de acusaciones se produce antes incluso de que esta compensación económica sea aprobada, ya que aún ni ha sido debatida siquiera en las Cortes Generales. Lo que ha hecho el PP es incluir a última hora una enmienda en el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) actualmente en tramitación. Lo lógico es pensar que esta enmienda terminará siendo aprobada debido a la mayoría absoluta que el PP tiene tanto en el Senado como en el Congreso, salvo que esta misma formación política termine retirando esta iniciativa.

La enmienda, a la que ha tenido acceso este periódico, parece claramente dirigida a Rota, aunque curiosamente en ningún momento se cita a esta localidad. Y es que los beneficiarios de esta futura compensación económica serán los municipios con una población que oscile entre los 20.000 y los 50.000 habitantes a los que afecte el convenio de cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, que data de 1988, y que asumen servicios adicionales más costosos debido al incremento de su población.

La enmienda, además, obvia en todo momento la población estadounidense que vive en Rota y centra la ayuda en el excedente de población de esta localidad que trabaja para las Fuerzas Armadas. De esta manera, el PP propone que la compensación se calcule en proporción a la diferencia entre el padrón oficial de habitantes de esta localidad gaditana y el número de efectivos integrantes del personal civil y militar de la Fuerzas Armadas españolas que no pueden empadronarse en la Villa roteña. Esta población flotante deberá ser certificada cada año por el Ministerio de Defensa.

A la vista de este texto, el PSOE considera que esta posible compensación es "un chasco monumental" porque, apostilla, no recoge la cantidad de 3,5 millones de euros que, según una auditoría externa encargada por el Ayuntamiento, es el dinero que cada año dejan de ingresar las arcas municipales por los impuestos que no puede cobrar de los edificios y actividades comerciales ubicadas en el interior de la Base. Del mismo modo, los socialistas alertan de que la enmienda no tiene en cuenta "a los 9.000 norteamericanos que residen en Rota y que no pueden empadronarse aquí". Por todo ello, esta formación política pide a la alcaldesa, Eva Corrales (PP), y al primer teniente de alcaldesa, Lorenzo Sánchez (RRUU), que no se conformen con un trato especial "que no cubre ni de lejos las reivindicaciones históricas del pueblo de Rota".

Sin embargo, estas críticas vertidas desde la oposición no han afectado a los dos partidos que conforman el gobierno roteño y que no han parado de celebrar el paso dado en Madrid por el PP, con el visto bueno previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Bien al contrario, el Partido Popular y Roteños Unidos calculan que si esta enmienda sale adelante, el Ayuntamiento aumentará sus ingresos por la PIE en un 30%, lo que supondría una cantidad económica que oscilaría entre los 2 y los 2,5 millones de euros, un dinero nada desdeñable para un Ayuntamiento cuyo presupuesto anual ronda los 38 millones de euros.

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