La alcaldesa de Rota, María Eva Corrales (PP), y su predecesor en el cargo y actual primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), han sido citados a declarar el próximo 29 de noviembre en los juzgados en calidad de imputados por la supuesta comisión de sendos delitos de prevaricación y malversación en una causa en la que también tendrá que prestar declaración como imputado el constructor de la localidad Felipe Castellano.

Se trata de un proceso judicial en el que ha intervenido la Fiscalía Anticorrupción por supuestas irregularidades en tres convenios urbanísticos que el Ayuntamiento de Rota firmó con la empresa Construcciones Felipe Castellano en 2009 y 2010, unos acuerdos de obras que supuestamente estaban concebidos para beneficiar ilegalmente a dicha firma roteña. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Rota ha solicitado a la alcaldesa que le remita, entre otros documentos, el proyecto de reparcelación del sector SUNPR/1, que es una zona de la periferia de Rota donde está proyectado un parque empresarial; y un informe sobre los procedimientos de licitación pública para la urbanización de las avenidas Mayeto y Carbonera, actuaciones de las que resultó adjudicataria la referida empresa.

La denuncia de la Fiscalía señala que, en virtud de un convenio, el Ayuntamiento pagó a la entidad privada más de medio millón de euros para realizar la urbanización de ese sector, cuando la ejecución de las obras correspondía a la junta de compensación de la zona. De acuerdo con las consideraciones de la Fiscalía, el acuerdo salió adelante sin los preceptivos informes técnicos del propio Consistorio. Las supuestas irregularidades cometidas en la urbanización del polígono industrial en cuestión ha desembocado en la devolución municipal de un préstamo de más de 2,3 millones de euros, intereses incluidos, que el Estado concedió al Ayuntamiento para la construcción de una serie de naves nido.

Aparte de la convocatoria judicial para Corrales, Sánchez y Castellano, el juez citará a declarar a varios testigos entre los días 15 y 22 de noviembre.

El PSOE, que en su día puso en conocimiento de la Fiscalía estos acuerdos urbanísticos, destacó ayer que el juez instructor "ha visto indicios suficientes de que a la hora de aprobar dichos convenios se ha incurrido en un delito continuado de prevaricación y de malversación de caudales públicos, ya que el Ayuntamiento presuntamente ha destinado fondos públicos para realizar obras privadas".

Este periódico intentó ayer jueves sin éxito conocer las reacciones de María Eva Corrales y Lorenzo Sánchez. La difusión de esta noticia coincide con la celebración de las Fiestas Patronales del municipio. De hecho, hoy es jornada festiva en Rota.

El anuncio de esta nueva imputación de los responsables municipales roteños coincide en el tiempo con la activación de la causa que se sigue, también en los Juzgados de la localidad, contra el exregidor por la supuesta comisión de delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se trata también de un procedimiento que lleva la Fiscalía de Anticorrupción, igualmente por una denuncia que presentó la agrupación socialista roteña. Sánchez está imputado por supuestamente autorizar, siendo regidor, compras a empresas de vestuario laboral vinculadas a su persona.