Sólo 24 horas después de hacer públicos los catastróficos datos que ha arrojado el análisis interno de las cuentas del Ayuntamiento y su holding de empresas, con una deuda global de 958,7 millones de euros y las vías de ingresos bloqueadas o prácticamente agotadas, la alcaldesa, María José García-Pelayo, compareció ayer en rueda de prensa para anunciar, a la vista de la gravedad de la situación, el inicio de la contratación de una auditoría y consultoría externa, pese a que nada más aterrizar a la Alcaldía desechó esta posibilidad por el coste que supone. Con este encargo, puntualizó la regidora popular, el objetivo es conocer "cómo se ha llegado hasta aquí, sin ánimo de revancha ni de mirar al pasado", pero, a su juicio, "los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se ha gastado su dinero y cómo se ha llegado a la situación en la que nos encontramos". Una coyuntura, suavizó García-Pelayo su discurso, que "se puede solucionar si somos valientes y adoptamos medidas lo antes posible", pero antes de eso, especificó, "tenemos que saber cómo hemos llegado a ser, con diferencia, la ciudad más endeudada de España".

A colación de lo anterior, aseguró que el gobierno municipal ha empezado a trabajar en las medidas de choque "más eficaces" para salir de este agujero económico con la prioridad de hallar "consenso". Todas las propuestas se incluirán en el futuro Plan Económico Financiero del Ayuntamiento. Un documento económico "de todos", dijo la primera edil, que debe estar concluido para su aprobación en el pleno municipal de este mes y que también podrá ser "matizado", dado su carácter abierto, en función de las directrices que marque la futura auditoría-consultoría. Un encargo, puntualizó, que se hará por los cauces legales correspondientes y se adjudicará a la oferta "mejor y más seria" que se presente para amortiguar su coste. En este sentido, también aclaró que, aunque no lo descarta a medio plazo, la idea de solicitar dicha auditoría externa del Ayuntamiento al Tribunal de Cuentas "sería algo testimonial", puesto que todavía se está pendiente de la que se solicitó en un pleno de 2007, justo cuando entró el anterior equipo de gobierno.