El administrador único de Provigades, J.A.G.A., acusado de vender 21 viviendas en San Fernando, en terrenos afectos a la seguridad del perímetro militar del poblado naval San Carlos, y ocultar que debían ser demolidas, rechazó ayer llegar a un acuerdo antes del juicio en la Audiencia Provincial.

"Yo soy un chivo expiatorio, un cabeza de turco al que intentan culpar por un problema que ha habido entre dos administraciones, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Fernando", declaró ayer a este diario antes de que comenzara el juicio. Y luego en la vista, fijada para las diez y cuarto de la mañana pero que no comenzó hasta las dos menos cinco de la tarde, aseguró que quien era entonces alcalde de La Isla (el andalucista Antonio Moreno), al consultarle sobre el problema que se había suscitado con la afección militar de los terrenos en los que edificaba las casas, le dijo: "Nosotros te hemos dado la licencia así que tira adelante".

El constructor sostuvo su inocencia culpando tanto al Ayuntamiento, por haberle dado todos los permisos , como a Defensa. Y es que, según había indicado tanto él como su abogado, Ángel Luis Aguarón, a este diario antes de que comenzara el juicio, en la época en que se levantaron las viviendas, entre 2000 y 2002, en el Plan General de La Isla no estaba "grafiado" el perímetro militar del poblado naval que pudiera afectar a los terrenos, propiedad del constructor.

Según manifestó el constructor, no fue hasta que ya tenía las casas casi listas, a finales de 2001, cuando, al ir a realizar la acometida de alcantarillado, se personaron en e lugar varios militares "pistolas en mano". Su abogado le aconsejó entonces que pidiera autorización al Ministerio, cosa que asegura hizo, no respondiendo éste por lo que interpretaron él y su letrado que estaban ante un silencio administrativo positivo.

El constructor también declaró que los compradores estaban al tanto del problema. Pero este extremo fue tajantemente negado por los afectados que fueron desfilando por el estrado. Todos aseguraron que no tuvieron conocimiento de que la demolición pendía sobre las casas hasta mes o mes y medio después de haber escriturado. Que si lo hubieran sabido, no hubieran firmado. Fue en septiembre del 2002, cuando recibieron las notificaciones de Defensa comunicándoles que las casas tenían que ser derribadas. 20 habían comprado ya. Uno, que iba a firmar en diciembre de ese año, no llegó a escriturar, pero también forma parte del grupo de una docena que ejerce la acusación particular, representados por los abogados Miguel Ángel Torres y José Manuel Jareño. Todos expresaron la gran angustia sufrida durante todo este tiempo (con una sentencia del Supremo de hace un año ordenando la demolición) hasta que este verano, casi ocho años después, una Orden Ministerial "parece" haber dejado fuera del perímetro militar a las casas, por gestiones del PSOE.

Un asunto clave con el que arrancó el juicio pero que debe ser verificado, toda vez que en la orden se dice que se modifica el perímetro, pero no se dice de modo textual que las viviendas queden fuera, como expuso tanto el fiscal como la acusación particular. El abogado defensor dijo que entonces, en vez de supuesto delito de estafa, habría delito en grado de tentativa. El Ministerio público pide seis años de prisión al constructor, y la acusación particular, 9. Hoy sigue la vista.