El alcalde de Barbate, el andalucista Miguel Molina, ha firmado en el escaso año y medio que lleva en el cargo la friolera de unos 1.500 decretos de Alcaldía que contaban en todos los casos con informes de reparo -algunos de ellos negativos- de los órganos fiscalizadores del Ayuntamiento. Gracias a esos decretos el gobierno municipal ha podido contratar a personal y realizar diferentes pagos a trabajadores municipales y a empresas, aunque ninguna de esas operaciones tenía el respaldo previo de Intervención, Secretaría, Tesorería o Departamento de Recursos Humanos (RR.HH.) del Consistorio.

Es el Grupo Municipal del PP el que se ha encargado de ir recopilando estos expedientes y de denunciar públicamente una situación que se ve muy poco en las corporaciones locales. Los populares están preparando ahora una denuncia ante la Fiscalía al apreciar la existencia de varios delitos por parte no sólo del alcalde sino de otros miembros del gobierno barbateño que también han firmado decretos similares con informes de reparo contrarios como, por ejemplo, la delegada municipal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Tamara Caro, o la primera teniente de alcalde, Ana Pérez Aragón, también andalucistas.

El alcalde de Barbate ha reconocido la existencia de estos decretos y los ha justificado "porque la situación económica de este Ayuntamiento es muy mala y si no obviáramos esos informes de reparo, el Consistorio y la ciudad quedarían paralizados".

Este periódico ha tenido acceso a un buen número de estos decretos de Alcaldía que han sido puestos en cuestión por la oposición barbateña. En muchos de ellos se aprueba la contratación de personal municipal a tiempo parcial, desde un arquitecto a un peón de limpieza viaria pasando por un psicólogo, varios ordenanzas o un oficial de pintura. Pero otros decretos, por el contrario, recogen órdenes de pago de facturas a diferentes empresas, una decisión municipal que cuenta sin embargo con informes desfavorables. Pero ello no frena a un alcalde que opta por levantar el reparo, ordenar esos pagos y, de manera insólita, indicar en algunos de estos decretos que todo ello "exime de cualquier tipo de responsabilidad al tesorero y a la interventora por la realización de estos pagos y de cualquier otro".

Pero la mayoría de estos decretos corresponden a órdenes de pago a personal municipal bien por horas extras trabajadas o bien por vacaciones no disfrutadas. Así, se contabilizan varios abonos por servicios extraordinarios de más de 20.000 euros a repartir entre una treintena de agentes de la Policía Local en los meses de marzo y julio, pese a contar con informes negativos del responsable de la Intervención municipal. También hay algún abono de hasta 5.000 euros en el que el propio regidor apostilla que levanta por su cuenta y riesgo el reparo planteado "porque si no se paralizaría el funcionamiento municipal".

Es éste el argumento fundamental que utiliza Molina para justificar su forma de actuar. "La situación económica es tan mala que cualquier contratación o pago que se plantea, hasta de ayudas sociales, reciben informes de reparo. Pero seguimos adelante porque Barbate no se puede paralizar".

"Ahora, a diferencia de lo que sucedía antes, ya no se malgasta dinero en esta ciudad. Hacemos las cosas con cabeza, estamos reduciendo la deuda y tenemos las nóminas al día", subraya el alcalde, quien no tiene claro que su forma de actuar sea muy legal: "Sí, a veces tengo miedo de poder estar cometiendo algún delito, pero en cualquier caso el beneficio no es para mí, sino para el pueblo", enfatiza Miguel Molina.

Estos argumentos no convencen en absoluto a un PP que prepara una denuncia contra el gobierno barbateño ante la Fiscalía. El portavoz de los populares, José Manuel Martínez Malia, asegura que su partido "no puede mirar para otro lado porque ello supondría ser cómplices de estas irregularidades". Desde el PP se califica de "desastre" la gestión del PA en el Ayuntamiento de Barbate, criticando que no haya presupuesto desde 2013, que no se cierren las cuentas de las empresas municipales desde 2012, que no se aplique el plan de ajuste o que no se actualicen las ordenanzas fiscales desde mucho tiempo atrás.

El PP local, que cifra la deuda municipal en torno a los 100 millones de euros, no descarta incluso que el Ayuntamiento de Barbate termine siendo intervenido por el Estado.