Provincia de Cádiz

Los afectados por la motorada no recurrirán la decisión de abrir la Ribera durante el evento

Los afectados por las sentencias judiciales que obligaron al Ayuntamiento a indemnizarles por los ruidos y molestias ocasionados por la motorada durante los días del Gran Premio de España de Motociclismo, no recurrirán la decisión del Ayuntamiento de abrir de nuevo la zona de la Ribera al tránsito de las motos durante el evento. Así lo ha adelantado a este diario José Peña Argudo, que interpuso una denuncia contra el Ayuntamiento por las consecuencias de la motorada sobre su salud, y que en 2008 obtuvo un pronunciamiento del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Cádiz, donde se le reconoció el derecho a una indemnización de 4.500 euros por el "ruido de infarto" que provocó la concentración motera de 2005, que pudo afectar a su dolencia cardiaca. Esa y otras sentencias hicieron al Ayuntamiento tomar la decisión de cerrar el centro urbano a las motos en el año 2006. José Peña vivía entonces en los bloques de Pescadería, en pleno epicentro de la motorada, aunque actualmente reside en los bloques de VPO de Menesteo.

Peña Argudo afirma que aunque se ha planteado recurrir la decisión municipal de abrir La Ribera a las motos, finalmente lo ha descartado, al entender la difícil situación que atraviesan la hostelería y muchos negocios de la ciudad que pueden tener un respiro por esta inyección de actividad económica. "En El Puerto hay mucha necesidad y hay muchos padres de familia que necesitan ganarse la vida", ha señalado José Peña tras meditar su decisión, por lo que "voy a dar un voto de confianza al Ayuntamiento". No obstante, ha pedido que "por favor se controle el evento y que haya vigilancia para que las motos entren con precaución y que la policía de refuerzo que va enviar subdelegación de Gobierno lo haga en condiciones". El anuncio de la apertura controlada de la Ribera del Marisco y Micaela Aramburu a las motos los días del evento motero (3, 4 y 5 de mayo), se anunció a final de marzo, como una medida consensuada por la junta local de seguridad.

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