C.M.C., de unos 50 años de edad, vecina de Sanlúcar, se sentará hoy ante un jurado en la Audiencia Provincial de Cádiz como acusada de haber matado a su marido en enero de 2008. La víctima, Manuel Gil, falleció tras ser apuñalado repetidamente en la bañera de su domicilio, en Sanlúcar. La esposa del fallecido, en prisión preventiva desde poco después del crimen, ha negado en todo momento que fuese ella la autora de las puñaladas. El juicio está señalado para varios días de esta semana y de la próxima. Hoy, tras la selección del jurado, está previsto que declare la procesada.

El fiscal inicia el juicio con una petición provisional de 20 años de prisión por asesinato. Considera que el crimen fue un asesinato porque hubo ensañamiento con la víctima, agravante a la que suma la de parentesco.

La acusación particular coincide con esa calificación provisional pero solicita una pena superior: 25 años de prisión.

El jurado que juzgará el caso será seleccionado entre los candidatos procedentes de un sorteo realizado previamente entre las personas que forman parte del grupo de candidatos a formar parte de los jurados que tengan que intervenir en procedimientos en la provincia de Cádiz. El grupo sale de un sorteo entre integrantes del censo electoral que es realizado cada dos años.

Manuel Gil tenía unos 58 años de edad. Un error de apreciación forense hizo pensar a la Policía que se hallaba ante un suicidio. Al día siguiente, enmendado el fallo, el asunto comenzó a ser tratado como un crimen y los investigadores pronto se fijaron en la esposa de la víctima como la supuesta autora.

El hombre murió en la bañera de su casa tras ser repetidamente apuñalado, según indica el escrito de acusación del fiscal. El cadáver presentaba 101 heridas de arma blanca. La acusada usó unas tijeras y un cuchillo, según la versión de las acusaciones.

La procesada ha negado siempre que ella apuñalase a su marido. El día del crimen, la mujer dio a entender que su marido se había suicidado, según indicaron en su día fuentes policiales.

Cuando la Policía tuvo claro que estaba ante una muerte no voluntaria, comprobó que un hermano del fallecido se encontraba encarcelado el día de los hechos. Luego, ante las contradicciones en las que incurría la procesada, la mujer se convirtió en la principal sospechosa.

Los investigadores comprobaron que el crimen no fue precedido de episodio alguno de maltrato ni de discusiones o broncas familiares que alertasen al vecindario.

En el procedimiento se han personado como acusación particular un hermano y la madre del fallecido.

Además de la pena de 25 años de prisión para la procesada, la acusación solicita que sea condenada a abonar una indemnización de 200.000 euros.

La procesada contó a los investigadores que el día del crimen, la víctima le pidió que fuera a la calle a comprarle pan; que salió y que tras comprar el pan fue a casa de una vecina; cuando regresó a casa, halló a su marido muerto en la bañera.

La Policía sospechó, inmediatamente después de descartado el suicidio, que el autor del crimen debía ser alguien del entorno más cercano a la víctima: una persona que había accedido al domicilio con llaves, ya que la cerradura de la puerta de entrada a la vivienda no había sido forzada ni había puertas ni ventanas violentadas. Manuel Gil Palacios vivía con su esposa y su hijo, guardia civil de profesión, quien en el momento de la muerte de su padre se encontraba fuera de Sanlúcar haciendo unas compras.

Una vecina dijo a los investigadores que media hora antes de señalada por la esposa de la víctima como la de su salida a la calle, oyó voces de alguien que pedía auxilio en la casa.