Visteon ha informado a los trabajadores de su filial de El Puerto de Santa María, 'Cádiz Electrónica', de que «no hay liquidez suficiente para hacer frente a obligaciones» como el pago de facturas o el de los salarios, debido a la «escasez de fondos disponibles».

Así lo expresa la compañía en una circular distribuida entre los trabajadores, con la intención de «asegurarse» de que están «debidamente informados de todos los hechos relacionados con el cierre de la planta 'Cádiz Electrónica'».

La empresa recuerda que el pasado 5 de septiembre presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) para la extinción del contrato de los 394 empleados de la planta y «confirmó su compromiso de mantener un diálogo formal con los representantes de los trabajadores dentro del correspondiente proceso de consulta», que «por desgracia» finalizó sin llegar a acuerdo. Asimismo, Visteon da cuenta del rechazo al ERE por parte de la Administración laboral, lo que implicaba la retirada del plan social una vez se notificase la resolución a la compañía.

La multinacional aprovecha para significar que la postura de los representantes de los trabajadores durante el periodo de consultas fue de «rechazar» que se mantuviera «cualquier debate relevante sobre el plan social», con la excepción de lo relacionado con el futuro de los activos, centrando «el único punto de interés en la búsqueda de un nuevo inversor».

En este sentido, señala que tras una búsqueda «exhaustiva» durante la que han contactado con 173 empresas, hubo dos que se decidieron a visitar la planta los días 21 y 26 de octubre, aunque ambas «confirmaron que no están interesadas en la planta», por lo que se ha dado «por finalizada» la búsqueda de ese inversor alternativo.

Visteon asevera en su circular que «no se ha producido ningún cambio en la realidad empresarial que hizo que la empresa tomase la decisión de cerrar la planta, consistente en la difícil situación que atraviesa el mundo empresarial en la actualidad, los grandes cambios que se han producido en el tipo de tecnología que demandan los clientes, el diseño financiero de la planta de Cádiz y la falta de competitividad de sus costes laborales».

Relata que durante el segundo semestre de 2011 la situación de liquidez de la empresa «ha empeorado de forma significativa debido a la ausencia de negocio, a una estructura de costes elevados y a la considerable disminución de ingresos». Añade que esto ha llevado a la empresa a «no tener otra alternativa que solicitar la protección que confiere la situación de preconcurso» con el objetivo de «hallar una solución a los problemas de insolvencia de la empresa y a sus obligaciones con sus acreedores».

La solicitud de preconcurso de acreedores se presentó el pasado 28 de octubre ante el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz. No obstante, apunta que «habida cuenta del rápido deterioro de la situación financiera de la planta», han contratado a una consultora externa para realizar --durante el periodo de preconcurso-- funciones de análisis y evaluación de la situación de liquidez de la empresa, la gestión de la caja durante el proceso, la evaluación del valor de los activos de la planta, sus cuentas pendientes con deudores y del inventario, así como la gestión de los acreedores y las cuentas pendientes de pago.

Finalmente, manifiesta que quedan «sometidos al escrutinio y autorización de la consultora externa todos los gastos, incluyendo el pago de facturas, así como los anticipos y pago de salarios». Indica que, «debido a la escasa liquidez de fondos disponibles», la circular sirve para confirmar a los trabajadores portuenses que «no hay liquidez suficiente para hacer frente a estas obligaciones» anteriormente señaladas.