La Unión Europea (UE) no abordará la situación de Gibraltar durante las negociaciones de salida de Reino Unido y condicionará cualquier pacto posterior sobre su estatus al visto bueno de España, según consta en el borrador de las 'líneas rojas' del bloque para negociar el Brexit con Londres. "Una vez que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido", dicen las directrices redactadas por el presidente del Consejo, Donald Tusk, tras sus contactos con las capitales.

Fuentes europeas confirmaron que la cuestión gibraltareña queda fuera de las negociaciones del Brexit y recuerdan que es un asunto bilateral entre dos Estados miembros, al tiempo que advierten de que ahora la UE negocia a 27 y, por tanto, con la salida de Reino Unido "sólo una de las dos partes" está respaldada por el bloque. El documento ha sido ya entregado a los gobiernos nacionales, cuyos líderes adoptarán el texto definitivo en su próxima cumbre extraordinaria del 29 de abril en Bruselas. Antes de esa fecha, Tusk tiene previsto viajar a Londres para verse con la primera ministra británica, Theresa May. En las semanas siguientes, se detallará un mandato más concreto para que el excomisario de Mercado Interior Michel Barnier negocie en nombre de la UE los términos de la desconexión.

El mandato necesitará el visto bueno formal de los Veintisiete, probablemente en una reunión ordinaria de ministros el 22 de mayo, momento probable para el arranque de las negociaciones. Las 'líneas rojas' de los Veintisiete dejan claro que ningún asunto podrá ser negociado de manera bilateral entre Londres y otro Estado miembro y que "nada estará acordado hasta que todo lo esté". Además, el documento recuerda al Gobierno de May que la salida del club comunitario tendrá un coste y que Reino Unido debe "cumplir con todos sus compromisos y obligaciones asumidas como Estado miembro", manifestó Tusk en una rueda de prensa en La Valeta (Malta), tras enviar el documento a los 27.

Aunque el texto no recoge una cifra clara de a cuánto estima la Unión Europea que corresponderá la factura del salida, pero Bruselas habla de manera extraoficial de unos 60.000 millones de euros, teniendo en cuenta los compromisos presupuestarios de Londres asumidos hasta 2010 con el bloque.

El presidente del Consejo abrió la mano a una discusión amistosa que permita una desconexión "ordenada" y descartado un enfoque "punitivo". "El Brexit ya es en sí mismo un castigo", dijo, para después recalcar que la Unión Europea a 27 tiene por prioridad defender sus propios intereses, entre los que los derechos de sus ciudadanos son una "prioridad". "Nuestro deber es minimizar la incertidumbre y perturbaciones causadas por la decisión de Reino Unido de abandonar la UE a nuestros ciudadanos, empresas y Estados miembros. En esencia, se trata de controlar los daños", resumió Tusk.

Por ello, los Veintisiete recalcan que los derechos de los europeos en Reino Unido, trabajadores y estudiantes, están "plenamente protegidos" mientras el país siga siendo Estado miembro. Y aspiran a aclarar su estatus futuro cuanto antes, en un marco de garantías "recíprocas, ejecutorias y no discriminatorias". También se marcan entre sus prioridades evitar que la situación de divorcio deje "lagunas legales" que perjudiquen a las empresas, por el hecho de que las normas europeas ya no serán de aplicación en suelo británico.

Otra de las preocupaciones primeras del bloque son las consecuencias de la salida de Reino Unido para la paz y la estabilidad en el Úlster, por ello, declaró Tusk, los 27 apuestan por dar con soluciones "creativas y flexibles", con las que evitar volver a una "frontera dura" entre Irlanda del Norte e Irlanda.

"No hay espacio para conversaciones comerciales, primero deben acordarse los principios de las condiciones de salida", explicó, por su parte, el presidente de turno de la UE y primer ministro de Malta, Joseph Muscat, en la rueda de prensa junto a Tusk.

Londres aspira a poder negociar en paralelo a su salida el marco de las nuevas relaciones comerciales, pero el club comunitario insiste en que un pacto comercial sólo puede firmarse con un país tercero, por lo que no puede cerrarse antes del Brexit. Con todo, abren la puerta a iniciar la reflexión sobre el marco que tendrán esas relaciones futuras, siempre dentro de los límites que fija el artículo 50 del Tratado de la UE.

Los países de la UE están dispuestos a emprender una "discusión preliminar y preparatoria" sobre este asunto "tan pronto como se hayan producido avances suficientes" en el acuerdo primero que debe fijar las condiciones del divorcio, esto es, los derechos de los europeos y la factura que deberá pagar Londres. Aunque no hay una fecha para contemplar dar el paso a esa "segunda fase", Tusk apuntó el próximo otoño como el momento para evaluar si los avances se han producido y pueden comenzar la discusión sobre el marco comercial. El proceso de ratificación posterior será diferente para cada acuerdo, según han recalcado fuentes europeas, ya que el primero, el que corresponde a la retirada de Reino Unido, es de competencia exclusiva de la UE y no necesitará el visto bueno formal de los parlamentos nacionales, aunque sí de la Eurocámara.

El pacto posterior que regule las relaciones comerciales, sin embargo, será "con toda probabilidad un acuerdo mixto", por lo que afectará a competencias nacionales y necesitará de la ratificación de cada Parlamento nacional.

Por otra parte, ambos, Tusk y Muscat, quisieron rebajar la polémica por la referencia en la carta de notificación del Brexit firmada por May en la que se vinculaba la cooperación en materia de seguridad y lucha antiterrorista al acuerdo comercial. En su comparecencia ante los medios calificaron de "malentendido" el asunto y Tusk aseguró que, "especialmente" después del reciente atentado en Londres, "debe quedar claro que terrorismo es un problema común".