Provincia de Cádiz

El Tribunal Supremo cita a García-Pelayo para el día 22

  • La ex alcaldesa de Jerez, del PP, prestará testimonio como investigada en la trama Gürtel sobre irregularidades en los contratos del Ayuntamiento con varias empresas

El próximo día 22, a las diez y media de la mañana, la ex alcaldesa de Jerez María José García-Pelayo, del PP, deberá acudir al Tribunal Supremo para declarar por los contratos irregulares que el Ayuntamiento suscribió en 2004 con empresas vinculadas a la trama Gürtel para la edición de Fitur (la Feria Internacional de Turismo) de ese año. Lo hará en calidad de investigada -es la nueva denominación que reciben los imputados en causas judiciales- por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Ayer, el Supremo anunció una citación oficial que se ha demorado varios meses puesto que pretendía evitar que el proceso judicial coincidiera con la campaña y las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.

La Audiencia Nacional inició en 2009 una investigación que ha derivado en el encausamiento de cinco técnicos municipales y de los responsables de las empresas contratadas, entre ellos Francisco Correa, conocido como El bigotes y Pablo Crespo.

José de la Mata, el juez que instruyó el proceso en su fase final, señaló también a la ex alcaldesa pero este tribunal no era competente para abrir diligencias contra ella puesto que en ese momento era senadora y, por tanto, aforada, de ahí que solicitara al Tribunal Supremo que la investigara. En septiembre, el Supremo aceptó la petición y abrió una causa, pero la dejó en suspenso puesto que semanas después se convocaron elecciones generales.

Siguiendo la regla no escrita de no adoptar actuaciones judiciales de calado en procesos electorales, la Sala de lo Penal optó por esperar a los comicios y comprobar si García-Pelayo seguía como aforada. Tras las elecciones, la ex regidora fue elegida diputada al Congreso por la provincia, manteniendo esta prerrogativa y, por ende, la competencia del Supremo. A esto se une que García-Pelayo, tras conocer la apertura de la causa, solicitó no solo su declaración de manera voluntaria sino también la prescripción de los hechos al considerar que habían transcurrido más de 10 años entre las contrataciones y el inicio de la investigación. Este último argumento fue rechazado por los magistrados de la Sala de lo Penal al entender que se había realizado con "cierta precipitación procesal".

Ahora bien, esta citación es una primera fase del camino que puede tener la causa en el Supremo. Una vez declare, el juez instructor, el magistrado Antonio del Moral, deberá decidir si continúa con la instrucción. En el caso de que opte por encausarla al entender que hay indicios delictivos en su actuación, se remitiría al Congreso de los Diputados el suplicatorio, una solicitud para que la Cámara autorice el enjuiciamiento de un representante en Cortes.

Los hechos imputados a la anterior regidora se resumen en cuatro hitos que ya fueron apuntados por el Tribunal Supremo en un auto fechado el pasado mes de septiembre. El primero de ellos es la aprobación de un pliego de condiciones para la contratación de estos servicios cuando la primera autoridad de la ciudad no tenía competencia para ello -era responsabilidad del consejo rector del desaparecido Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), órgano al que se le encomendó las contrataciones-. También se le atribuye la orden de realizar un sistema de elección del adjudicatario no acorde con lo que estipula la Ley así como "permitir" que los expedientes administrativos que sustentaron estas encomiendas se hicieran una vez ejecutado el servicio. Finalmente, se le reprocha que autorizara los pagos a pesar de las irregularidades que hubo a lo largo del proceso.

En diversos autos, el juez José de la Mata muestra su convencimiento que las empresas vinculadas a la trama Gürtel sabían de antemano que iban a ser las adjudicatarias y que los expedientes administrativos que sustentaron la contratación se elaboraron meses después de celebrarse Fitur, con la participación activa de los beneficiarios en su elaboración.

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