Los transportistas de la provincia de Cádiz han iniciado los trámites para reclamarle a la Junta de Andalucía el importe cobrado indebidamente en concepto del céntimo sanitario, la tasa a la que el Gobierno andaluz se agarró para incrementar sus ingresos y que ha sido anulada recientemente por Europa. El importe que se le reclamará a la Administración podría oscilar "entre los 60 y los 65 millones de euros", según aseguró a este medio el secretario general de la Asociación Provincial del Transporte, Antonio Gutiérrez.

Como se recordará, el céntimo sanitario era cargado a la factura en proporción al volumen de carburante cargado cada vez que se repostaba combustible, lo que al cabo de los años ha supuesto -sobre todo en el caso de las empresas de transporte- un importe realmente gravoso. Un hecho especialmente destacable es que estas empresas tiene la obligación por ley de conservar las facturas de su ejercicio profesional durante cinco años, lo que coloca a la Junta en una mala posición pues los gastos que se le soliciten estarán perfectamente justificados, no así los de los conductores no profesionales.

A todo este respecto cabe destacar que la comunidad autónoma de Andalucía se incorporó a esta tasa a última hora, es decir, cuando las dudas sobre su legalidad estaban más que extendidas e incluso otras comunidades autónomas del país ya habían comenzado a dar pasos atrás al respecto pensando en las consecuencias posteriores de esta medida.

Según apunta Antonio Gutiérrez, "fue en 2002 cuando los transportistas comenzamos a protestar a este respecto a nivel nacional. Fue en 2012 cuando la Junta comenzó a recaudar por este concepto, pero hay un factor que no se debe olvidar: un transportista de la provincia no sólo trabaja en esta zona sino que suele hacerlo a nivel nacional. Es por ello que desde 2002 muchos de ellos han estado pagando el referido céntimo sanitario".

Las reclamaciones en torno a este impuesto sacado literalmente 'de la manga' han sido constantes. "Hemos reclamado desde la Confederación Nacional, lo hemos recurrido en nombre de algunos perjudicados. Incluso recurrimos ante Cataluña antes de hacerlo ante el Gobierno central y a finales de 2012 ante Sevilla. Vimos que muchas comunidades comenzaron a dar pasos atrás al entrever que podía ser ilegal, como finalmente ha sido. Y fue Bruselas quien al final nos dio la razón".

"Puestos a ser legales -apunta Antonio Gutiérrez- nos encontramos con un problema general: la devolución de lo cobrado indebidamente debería reclamarla todo el mundo. Ya sabemos que el particular no pide factura, pero por el contrario el profesional debe conservar por ley esas facturas durante los cinco años posteriores a su expedición. Tenemos justificantes y vamos a reclamar la devolución al cien por cien", asegura el secretario general de la Asociación Provincial del Transporte.

Y añade que a todos los asociados de este colectivo "les estamos recomendando que, aunque esto vaya a ser un proceso largo, que tengan controladas todas las facturas que hayan recibido por consumo de combustible, de cara a que nuestro equipo jurídico proceda". Sobre las consecuencias de esta chapuza fiscal, Gutiérrez apunta que si algo tienen claro es que "el proceso va a ser largo, sobre todo visto como están las arcas" de la Administración andaluza, si bien se aviene a certificar que "la legalidad nos asiste".

En el seno de la Asociación Provincial del Transporte tienen constancia de que "ya hay movimientos en Andalucía para largar el problema a Madrid. Mientras tanto estamos concertando reuniones para tener absolutamente claro cuál es el camino que debemos seguir para recuperar nuestro dinero".

"En este caso en concreto -añade Gutiérrez- guardar las facturas ha sido algo realmente magnífico. Mientras otras comunidades daban marcha atrás Andalucía entró. La verdad es que ellos solos se metieron en el problema", concluyó.