La Oficina del Defensor del Pueblo estatal ha dado sendos tirones de orejas a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno central en Cádiz en el informe oficial de sus actuaciones a lo largo de 2015. En concreto, el Defensor del Pueblo afea a la Junta su pasividad a la hora de resolver una reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de un incendio que hubo en el año 1992 en Monte Prieto, en la Sierra de Grazalema, y que se saldó con un trágico balance de cinco muertos. Igualmente, este balance de 2015 salpica también a la Consejería de Salud, alertando de la situación en que se encuentra el servicio de Urgencias del hospital Punta de Europa de Algeciras. Por su parte, las críticas a la Subdelegación del Gobierno se centran por lo general en el trato a los inmigrantes.

En septiembre de 1992, hace por tanto, 23 años y medio, un pavoroso incendio dejaba cinco víctimas mortales de Bornos y Alcalá de los Gazules cuando intentaban extinguir las llamas en el paraje de Monte Prieto, en Grazalema. Ello derivó primero en un proceso judicial que quedó en nada y posteriormente en una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que aún no ha recibido respuesta. La Oficina del Defensor del Pueblo que dirige Soledad Becerril califica de "caso significativo" que la Administración andaluza aún no haya dictado resolución pese a que esta reclamación fue presentada hace ya ocho años.

El Defensor del Pueblo también elevó quejas en 2015 a la Junta de Andalucía "por la permanencia de pacientes, durante amplios periodos de tiempo, en camillas y en los pasillos del hospital Punta de Europa de Algeciras", respondiendo la Consejería de Salud con el envío de las medidas implantadas para evitar estas situaciones de saturación.

En cuanto a las competencias estatales, la totalidad de las críticas del Defensor del Pueblo están centradas en el trato a los inmigrantes. En concreto, en su balance de actuaciones de 2015, esta Oficina relata el caso de un extranjero que resultó herido al intentar acceder de manera irregular al territorio nacional por la valla fronteriza de Ceuta. El extranjero fue trasladado a un hospital de la provincia gaditana donde fue intervenido quirúrgicamente y perdió un ojo. Y estando en el hospital la Subdelegación del Gobierno en Cádiz tramitó una orden de expulsión del país. El Defensor del Pueblo solicitó la revocación de esta resolución de expulsión por cuestiones humanitarias, una petición que fue desestimada primero por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz pero que sí fue atendida posteriormente por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

En un año 2015 en el que el personal del Defensor del Pueblo visitó dos veces el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y sus dependencias de Tarifa, este órgano estatal ha puesto el énfasis en supervisar los trabajos para implantar los nuevos mecanismos de derivación sanitaria de los extranjeros que sean trasladados a estos centros, aunque esta tarea no ha podido ser completada por la desidia en aportar información por parte de la Secretaría General de Inmigración y Emigración.