Provincia de Cádiz

Subdelegación plantea abrir medidas disciplinarias al jefe del DNI en Jerez

  • El funcionario, supuestamente, cobraba más por adelantar la cita de renovación del carné.

El subdelegado del Gobierno central en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, ha elogiado el trabajo realizado por el Cuerpo de la Policía Nacional de Jerez en relación a la detención del jefe de los funcionarios encargados de expedir los DNI en la Comisaría local por un presunto fraude en el cobro de las tasas que los usuarios pagan para realizar este trámite.

De Torre explicó que esta actuación "demuestra la magnífica eficacia de la Policía. Si es importante que cualquier administración tenga controles en su interior para ver detectar cualquier tipo de infracción administrativa o delito, la Policía Nacional de Jerez ha dado en eso un ejemplo". Según el titular de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, "lo que está viéndose es si hay que abrir un procedimiento de suspensión cautelar de funciones, se ha llevado el expediente a Madrid, se está esperando decisión y ahora mismo lo que estamos viendo desde la Subdelegación, al ser un personal laboral, es si instruimos o no un procedimiento disciplinario contra este funcionario".

En concreto, se sospecha que había veces en que este funcionario cobraba de más por adelantar las citas, lo que explicaría que hubiese gente dispuesta a pagar unas cantidades superiores a las que son públicas. La tasa que marca el Ministerio del Interior para la renovación del DNI es de 10,60 euros. El jefe de este servicio, que es un civil y no un miembro del CNP, fue puesto a disposición judicial y prestó declaración en los Juzgados de Cádiz, tras lo cual se decretó su libertad con cargos en calidad de investigado a la espera de que concluya la instrucción.

La Policía Nacional fue la encargada de las pesquisas y, según señalan fuentes de la investigación, actuó con rapidez cuando se detectaron estas prácticas, que vendrían repitiéndose desde hace tiempo. Una de las dudas que tratan de despejar los investigadores es desde cuándo estuvo el funcionario llevando a cabo este presunto fraude de tasas y cobros indebidos. Actualmente, el trabajador, que depende directamente de la Administración General del Estado y no del Cuerpo Nacional de Policía, continúa en su puesto de trabajo.

Según Javier de Torre, en este caso "hay que conjugar un expediente abierto con la presunción de inocencia. Vamos a esperar que todo concluya y entonces determinaremos si hay responsabilidad administrativa o si hay responsabilidad penal".

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