Por fin El Caballito tiene quien le defienda. La abogada de Derechos Humanos Antonia Alba, que hace más de dos semanas que se ofreció a hacerse cargo de su defensa, de modo completamente gratuito, ya ha recibido por correo los papeles firmados por Rafael Ricardi Robles designándola como su abogada. El portuense, que cumple condena desde hace más de 12 años y siete meses por una violación que la Policía Nacional achaca ahora en exclusiva a dos individuos de Jerez, con amplios historiales delictivos, no contaba curiosamente hasta ahora con abogado, pese a que fuentes judiciales manifestaron a este diario que todo preso en ejecutoria (que está cumpliendo condena) tiene letrado.

Cuando fue detenido y luego juzgado, en 1996, a Ricardi Robles se le asignó un abogado de oficio, el gaditano Miguel Fernández-Melero, quien no obstante ya aclaró que su labor terminó al anunciar el recurso en casación al Tribunal Supremo contra las dos condenas de 18 años cada una que el fueron impuestas al portuense, tras ser reconocido por una de las víctimas de las violaciones. Ahora, a raíz del nuevo giro policial del caso, la abogada de Derechos Humanos se ofreció a la familia de Ricardi para hacerse cargo del caso. Y fue una de las hermanas de El Caballito, Milagros, la que envió a la prisión de Topas, en la que está recluido el portuense desde hace diez años, la documentación para que el preso firmara la designación.

La abogada de Derechos Humanos ya se ha puesto manos a la obra. Y en declaraciones ayer a este diario, Alba informó que ya se ha personado en la Audiencia Provincial requiriendo que a Ricardi le sea asignado un procurador de oficio. Entiende la abogada que Ricardi tiene derecho a ser merecedor de la justicia gratuita al llevar mucho tiempo en la cárcel y carecer de ingresos. La letrada, al tiempo, ha remitido una carta al Colegio de Abogados en la que comunica su renuncia a los honorarios al ser colaboradora de la asociación, que se ha brindado a defender de modo gratuito al Caballito.

Alba está a la espera de disponer de toda la documentación del caso y estudiarla con vistas a presentar, si lo ve oportuno, un recurso al Supremo para que se revise la condena de Ricardi.