Como ya ocurriera meses atrás, nada más conocerse que el Rey Felipe viajará este fin de semana a Arabia Saudí, los distintos partidos se han posicionado a favor y en contra, con el doble telón de fondo del contrato que otorgará a Navantia la construcción de cinco corbetas en el astillero de San Fernando, y del respeto a los derechos humanos. Además, como también ocurriera con anterioridad, las posiciones son distintas en algunos partidos según se hable desde Madrid o desde Cádiz.

El que ayer dio su beneplácito sin fisuras al viaje y, por tanto, la firma del contrato con los astilleros, fue el PP. Su portavoz de Exteriores en el Congreso, José Ramón García-Hernández, aseguró que el viaje oficial se hace porque España tiene en este país "intereses que afectan al empleo de muchos españoles", y enmarcó la visita "dentro de la normalidad" que debe presidir las relaciones bilaterales entre dos países "aliados". "Esa es la pluralidad del mundo de la globalización", apuntó, para finalizar afirmando que "el que quiera trabajar por los derechos humanos tiene que hacer un esfuerzo enorme por defenderlos en todo el mundo. En Caracas y en Madrid".

Desde el PSOE, la secretaria general en Cádiz, Irene García, mostró ayer sin fisuras su satisfacción por la inminente firma del contrato. Afirmó que el viaje del Rey "pone fin a la incertidumbre que hemos vivido respecto a este contrato valorado en más de 2.000 millones de euros y que abre la puerta al empleo para miles de gaditanos en el astillero de San Fernando". Además, recordó que "el PSOE de Cádiz ha tenido siempre meridianamente clara la necesidad de este contrato con Arabia Saudí para proporcionar carga de trabajo a nuestros astilleros, y en este sentido, nos hemos movido en Madrid durante todo este tiempo para apoyar al Gobierno en todo lo que hiciera falta". Eso sí, aprovechó para exigir al Ejecutivo central la puesta en marcha del reclamado Plan Industrial para Navantia.

En el otro lado del tablero se situaron Podemos e IU. Desde la formación morada, su secretario de Política Internacional, Pablo Bustinduy, criticó ayer que la carga de trabajo para los astilleros españoles dependa de la "voluntad de dictadores extranjeros". Y añadió que "nuestros sectores clave de la economía no deben depender de esta lógica arbitraria, sino apoyarse sobre planes públicos de empleo y desarrollo sostenible, la modernización de las infraestructuras y la multiplicación de las capacidades productivas a partir de la I+D+i". Sin embargo, el alcalde de Cádiz, José María González, ha defendido de nuevo que el contrato con Arabia se firme "de la manera más inmediata posible".

La posición más contundente, en contra, llegó ayer desde IU. Su responsable de Relaciones Internacionales, Marina Albiol, exigió directamente que se suspenda la visita oficial del al asegurar que se trata de un país donde hay "una sistemática violación de los derechos humanos". Albiol rechazó que se justifique en "las razones económicas lanzadas a bombo y platillo como cortina de humo", en relación a la firma del contrato.