IU ha criticado que "las nuevas medidas de seguridad adoptadas en el Ayuntamiento son absolutamente innecesarias y arbitrarias, y sólo pueden responder al miedo de un alcalde que no fue elegido como tal por los sanluqueños -en alusión al socialista Víctor Mora-, que es incapaz de dar soluciones a los verdaderos problemas de la ciudad y de dar explicaciones del cúmulo de irregularidades que jalonan su gestión, y que quiere hacer del victimismo su principal aval político".

Los izquierdistas rechazan la "excusa infundada" de "los incidentes graves que pusieron en grave riesgo la integridad del alcalde y de los miembros del equipo de Gobierno tras el pleno de octubre", en referencia a la polémica protesta de las Corralas de la Dignidad. Esta formación política considera que "el aislamiento de Mora en el Ayuntamiento para no dar explicaciones a los sanluqueños es una reacción propia de tiempos pasados y el reflejo de quien se sabe ya con un pie y medio del otro fuera de la Alcaldía". "Son los sanluqueños quienes deben ser protegidos de este alcalde", asevera.

Por su parte, CCOO y el Sindicato Independiente del Consistorio han difundido su "más enérgica protesta" ante "la imposición por parte del alcalde de un protocolo de control policial sobre los ciudadanos que acuden al Ayuntamiento, pretendiendo de esta manera supuestamente convertir el Palacio Municipal en su cortijo particular".

Ambas sindicatos han explicado que el protocolo establece que "los ciudadanos sólo podrán acceder o permanecer en este edificio público de diez de la mañana a una de la tarde, el horario en el que están abiertos los registros", a pesar de que "los agentes notificadores citan a los sanluqueños a partir de la una y media, y la Unidad de Personal realiza labores administrativas con usuarios que superan el límite de la una".

Destacan que el protocolo también recoge, entre otras medidas, la identificación policial de los ciudadanos con el registro de "todos los objetos, es decir, carteras de mano, bolsos, mochilas, paquetes y demás", pese a que "no hay ningún lugar habilitado para ello", de manera que los agentes deben efectuarlo "en cualquier sitio y ante la mirada atónita de los ciudadanos presentes y sin garantizar el derecho a la intimidad de las personas".

"Es habitual en organismos públicos como los juzgados o Hacienda la existencia de controles de entrada regulados con suficientes medios técnicos y humanos, pero para el Consistorio el alcalde ha preferido adoptar medidas bananeras ", lamentan.