Los sanitarios no se fían. El planteamiento del Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para la redacción de una nueva Orden de consenso que sustituya y derogue la presentada el pasado 8 de noviembre y que provocó las protestas de los sindicatos, se ha valorado positivamente por éstos, pero no quieren bajar la guardia y este martes han mantenido su calendario de movilizaciones.

Tras la reunión mantenida el lunes con el Consejero, los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial de Sanidad (SATSE, SMA, CSIF, CC.OO y UGT), mantienen su rechazo a la Orden de 8 de noviembre y piden su retirada inmediata. Dicen los sindicatos que el Consejero reconoció que la publicación de esta orden “fue un error” y se mostró dispuesto a su derogación a través de la publicación de un nuevo texto.

En concreto, la propia Consejería dijo este lunes que la nueva orden recogerá medidas extraordinarias en recursos humanos "contando con la participación de las organizaciones sindicales". En esta línea, una vez iniciado ya el proceso de negociación, se han dictado instrucciones por parte de la Dirección General de Personal del SAS para que queden sin aplicar algunas de las medidas recogidas en la Orden anterior.

Una vez plasmadas dichas medidas, se remitirá a las organizaciones sindicales un borrador para que, en el mínimo espacio de tiempo, se pueda presentar la  nueva Orden que entraría en vigor el mismo día de su publicación y derogará la actualmente vigente. 

Mientras eso ocurre, los sindicatos seguirán con las protestas que este martes han llevado hasta el Hospital Universitario de Puerto Real.  Alfonso Campos, delegado sindical de CC.OO en el Hospital de Puerto Real, dio lectura a un comunicado conjunto en el que también recordó cuales eran las pretensiones de la Junta con esa orden publicada el 8 de noviembre.

Por otro lado, en cuanto al retraso en la toma de posesión de los procesos selectivos y las modificaciones del proceso de contratación por Bolsa, los sindicatos esperan que la Administración cumpla el compromiso de revisar las medidas en la próxima Mesa Sectorial que debe celebrarse antes de final de mes.

Desde hace una semana, desde que se tuvo conocimiento de la publicación en el BOJA de la “orden por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud”, los sindicatos no han frenado sus protestas.

Entienden que gracias a ella se da autoridad a las gerencias de los centros sanitarios para “limitar o restringir los derechos de los profesionales”. Desde hace una semana vienen alertando de que, amparada en el estado de alarma, la nueva orden abre la posibilidad suprimir todos los permisos, licencias y vacaciones, y disponer, a discreción, de los turnos y de la movilidad de los profesionales. En ella se incluye –según las organizaciones sindicales-, además de la suspensión de permisos, la posibilidad de “modificar las jornadas, turnos y descansos que se estimen oportunos, así como la posibilidad de realizar jornadas laborales de hasta 14 horas diarias durante siete días seguidos, garantizando únicamente 70 horas semanales de descanso”.

Igualmente, las disposiciones contenidas en esta orden posibilitan la movilidad de los profesionales a distintas unidades, centros o áreas, “lo que obliga a dicha movilidad en centros y entre distintos centros y localidades”. Además se contempla la posible asignación de tareas correspondientes a una categoría o especialidad distinta a la que se ocupa.

Tampoco se permiten las excedencias por cuidados de familiares e hijos, las reducciones de jornada, la jornada mínima de trabajo, los periodos mínimos de descanso entre jornadas y se suspende la exención de guardias a mayores de 55 años, según los sindicatos.

La Junta, antes de anunciar que la orden sería derogada, justificó que la negativa evolución de la crisis hace necesario prever la adopción de diversas medidas en materia de personal, tendentes a paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias derivadas de la enorme presión que vienen soportando los profesionales de los centros sanitarios y que pone en serio riesgo la adecuada cobertura de las unidades en todos los turnos y horarios.

Para los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial supone “un ataque a los derechos de los trabajadores de la sanidad pública”, y sostienen que además “se autoriza a los gerentes de los centros sanitarios a contratar personal saltándose la normativa de Bolsa Única vigente, es decir, contratación a dedo”.