El Plan Municipal de Suelo y Vivienda (PMSV) de Puerto Real, redactado por Autonomía Sur (Sociedad Cooperativa Andaluza), volverá la próxima semana al pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva tras recibir el apoyo inicial el pasado verano. Se trata de un documento que tiene por objeto la identificación y cualificación de las necesidades de vivienda del municipio, y la articulación de las medidas necesarias para atenderlas.

Con este documento, los gestores públicos locales cuentan con una herramienta precisa que les facilita la planificación y la orientación de las políticas de vivienda, suelo y urbanismo, centradas en la garantía del derecho a la vivienda de todos los ciudadanos.

El PMSV, que este martes se llevará también a la Comisión Informativa de Urbanismo, refleja datos como que el número total de hogares en el municipio, según el último Censo de Población y Viviendas de 2011, asciende a 15.078, lo que supone un aumento del número de hogares del 36% respecto al anterior censo de 2001, en consonancia con el crecimiento de hogares de la Bahía.

Si se tiene en cuenta la relación de hogares y viviendas (15.078 hogares y 17.761 viviendas), la distribución media de los hogares en el parque municipal de viviendas es del 84,9%, lo que evidencia que el 15,1% de las viviendas del municipio no alberga ningún hogar. El porcentaje es significativamente más alto en todo el centro histórico de la ciudad. En todo el municipio, la media de habitantes es de 2,7 personas por hogar.

Sobre las necesidades de viviendas en Puerto Real, el Plan ha utilizado el Registro de Demandantes de Vivienda de Puerto Real, que recoge 1.170 inscritos. No obstante solo 337 de ellas seguían activas en marzo de 2018, siendo este el dato más reciente disponible. Entre esos demandantes destacan los más jóvenes. El 48,9% de los solicitantes contaba con menos de 35 años, el 36,9% entre 35 y 50, el 13,4% entre 50 y 65, mientras que el 3,6% son mayores de 65 años. La mayoría de estos demandantes de vivienda son personas con ingresos bajos que prefieren optar por acceder a la vivienda régimen de alquiler con opción a compra.

Para tener un acercamiento mayor sobre la situación y necesidades en materia de vivienda, el Plan presenta información ofrecida por las demandas de viviendas recibidas en los Servicios Sociales, por aquellos colectivos que presentan mayores problemas de vulnerabilidad o exclusión social. En este caso, las demandas que más se producen derivan de situaciones de inseguridad económica (proceso legal de desahucio o problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda).

Según el Plan, en 2017 los Servicios Sociales Municipales atendieron con ayudas económicas para el alquiler de viviendas a 107 familias y a 19 personas en alojamientos hoteleros.

Desde los propios Servicios Sociales se señala como “lo más necesario”, realizar un seguimiento del parque público de viviendas en el municipio y nuevas viviendas de bajo coste. Y es que, a la falta de viviendas públicas se le suma otra dificultad para atender la demanda: una escasa oferta de viviendas en alquiler a precios razonables y la nula garantía de pago que ofrecen estas personas, lo que impide formalizar un contrato de arrendamiento, incluso con ayudas económicas concedidas por partes de los servicios sociales. Un dato que llama la atención teniendo en cuenta que el 15% de las viviendas del municipio están, a priori, vacías.