La Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa está gestionando estos días para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el proyecto de orden ministerial por el que se señala de forma definitiva la zona de seguridad de la población militar de San Carlos, que excluye por fin a las 21 viviendas localizadas en la calle Capitán Conforto, frente al Hospital General de Defensa, construidas por la empresa Provigades y conocidas con este nombre.

El nuevo límite del perímetro de seguridad que contempla el proyecto coincide prácticamente con la definida por la OM 34/1994 de 23 de marzo. La senadora socialista María Jesús Castro recuerda que la construcción de estas casas dio lugar en su día al inicio de un expediente sancionador que concluyó con el acuerdo de demolición de las viviendas levantadas sin la autorización del Ministerio de Defensa, resolución que fue objeto de recurso en vía jurisdiccional, recayendo sentencia firme y definitiva del Tribunal Supremo a finales del año 2004 que la confirmaba.

Según el propio PSOE local, su labor de mediación, emprendida en el año 2002, ha sido definitiva en la resolución de este conflicto. De hecho, afirman, el último asalto tuvo lugar hace escasas semanas y contó como escenario el propio Ministerio de Defensa. Allí el portavoz del PSOE isleño, Fernando López Gil, acompañado de la propia senadora Castro y el también edil Jaime Armario, recibieron la confirmación del propio director general de Infraestructuras, Jaime Denis, de que hay una solución en marcha a este grave problema.

Para salvar las viviendas la única alternativa fue cambiar una situación sin precedentes como supone la variación de la línea de seguridad para que circundase y no incluyese las 21 viviendas. Para que este extremo pudiese llevarse a efecto el Ministerio requería la adopción de unas medidas de seguridad especiales en la zona que expondría a la Armada y con las que quedaría concluido el calvario que vienen padeciendo estas familias isleñas. Desviar la línea de seguridad y situar a éstas fuera del perímetro que exige la Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional ha supuesto la implantación de distintas medidas en algunos de los acuartelamientos de San Carlos, en concreto cámaras y sistemas de detección, con los que se considera restablecida la seguridad vulnerada por las viviendas construidas.

La resolución de este conflicto ha debido contar con el respaldo del Gobierno del Estado "y el interés del PSOE por solucionar los problemas de los ciudadanos". Se trata, según Castro, de que "los afectados no paguen con sus viviendas la negligencia de un equipo de gobierno municipal que concedió una licencia de obras para la construcción de aquellas viviendas sin haberse obtenido la preceptiva autorización previa de Defensa".