El Club de la Constitución, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es mantener vivo el espíritu de la transición democrática, ha presentado una querella criminal contra el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y todo el Gobierno gibraltareño, al que acusa de un delito ecológico. 

Según ha informado hoy esta entidad en un comunicado, la querella fue presentada ayer, en el decanato de los Juzgados de La Línea de la Concepción  para su reparto. 

El Club de la Constitución considera que Gibraltar está vulnerando de forma reiterada las competencias pertenecientes al Estado español con el lanzamiento clandestino de bloques hormigón en la Bahía de Algeciras, lo que podría constituir un delito ecológico. 

Además, el supuesto delito habría sido perpetrado en aguas jurisdiccionales españolas y, por lo tanto, en territorio nacional, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que no reconoce soberanía sobre el mar circundante a las colonias como el caso de Gibraltar. 

Junto a ello, alega el Club de la Constitución que el Tratado de Utrecht cede solo la propiedad de la ciudad y los castillos, así como el puerto, defensas y fortalezas de Gibraltar a la Corona británica. 

El relato que acompaña la querella explica que el pasado 24 de julio una barcaza procedente de Gibraltar comenzó a lanzar en el caladero conocido como "Campo de la Virgen", a escasa distancia del espigón exterior del puerto de La Línea de la Concepción, numerosos bloques de hormigón y ferralla, con cuatro puntas de hierro en cada uno de sus extremos. 

Con el vertido -unos 70 bloques en total, según algunas fuentes, de unos 4.000 ó 5.000 kilos cada uno- se provocó la muerte del caladero donde tradicionalmente vienen faenando los pescadores de la Bahía de Algeciras. 

Las autoridades gibraltareñas, alegan los querellantes, no contaron para esa acción con permiso administrativo ni licencia gubernativa de las autoridades españolas, nacionales o autonómicas, únicas competentes a ese particular. 

Así, el Club de la Constitución subraya que el pretexto de crear un supuesto arrecife artificial fue en realidad un acto de usurpación territorial, de agresión a los intereses de los pescadores españoles y de defensa de una soberanía sobre aguas españolas de la que carece la colonia.